Las revelaciones de William Romero:
“Tabares me dijo: ‘¿Qué putas vamos a hacer con la Corte?’”
Justicia Vs Impunidad
7 de Febrero de 2015
Uno de los protagonistas del espionaje que desplegó el DAS contra la Corte Suprema se ‘confesó’ con El Espectador.
Por: Juan David Laverde Palma
Según dijo, todas las órdenes se las dieron el capitán Fernando Tabares y la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado. / Luis Ángel
El exsubdirector de Fuentes Humanas del DAS William Romero fue protagonista de uno de los mayores despropósitos de una agencia de inteligencia en el mundo: grabar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Bajo su tutela la detective Alba Luz Flórez reconquistó a un exnovio policía, se infiltró en la Corte y hasta expedientes de la parapolítica sacó. Todo, según dijo, por orden de la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado. A propósito de su captura, William Romero no se guardó nada en esta entrevista con El Espectador. (Ver Las confesiones de William Romero sobre el espionaje del DAS a la Corte Suprema)
¿Cómo surgió el plan para espiar a la Corte Suprema de Justicia?
En la administración de Andrés Peñate, bajo una operación de inteligencia ordenada por él, a través de la doctora Martha Leal, entonces encargada de la Dirección de Inteligencia. La orden era ubicar fuentes humanas y agentes de control para obtener información privilegiada en el Congreso y en las altas cortes, con destino al presidente para que tomara decisiones en relación con su gobernabilidad.
¿Por qué la Corte era un asunto de seguridad nacional?
El plan fue planificado durante la era Peñate, pero no se ejecutó con éxito porque no había gastos de operación ni personal. En mayo de 2007 es nombrado el capitán Fernando Tabares como director de Inteligencia y su perfil dinamiza los planes de acción. La entonces subdirectora María del Pilar Hurtado era la ordenadora de los gastos reservados y empiezan a aprobar los planes operacionales del DAS de acuerdo con los objetivos institucionales. La detective Alba Luz Flórez, hoy conocida como ‘Mata Hari’, fue postulada para recolectar información del blanco político: las cortes y el Congreso. Se llamó Plan Escalera, un operativo de contrainteligencia de Estado. Éste tenía una fachada y unos gastos de operación. En la actualidad, Peñate dice no saber nada, pero en febrero de 2007 me llama al despacho y me dice: “William, tenemos que sacar adelante todos los retos, necesito que me dé resultados en la Corte Suprema de Justicia, ubicar qué pasó con el reloj Rólex’ del magistrado Yesid Ramírez”. Todo empezó en noviembre del 2006.
¿Cuál es el episodio del reloj Rólex?
Martha Leal como directora de inteligencia nos ordena ubicar la factura con la que el narcotraficante Giorgio Sale compró un reloj Rólex que le regaló al magistrado Ramírez. Desplegamos fuentes humanas y agentes de control para esa verificación.
¿Ese fue la primera orden que usted recibió en el tema de la Corte?
Sí. Yo lideré esa indagación. Cada ocho días Martha Leal pedía resultados, pero todos eran negativos. En febrero de 2007, cuando me nombran subdirector de Fuentes Humanas, Peñate me ratifica la orden. Me motiva e inyecta compromiso. Peñate pedía y pedía, pero nunca gestionaba recursos. En mayo de 2007 llega el capitán Tabares al DAS y se le muestran los casos que estábamos llevando. Ahí nos dicen que el presidente Álvaro Uribe estaba molesto porque el DAS no estaba cumpliendo con lo que él pedía, entre eso lo de Giorgio Sale. Que era una orden directa de él. El capitán Tabares exigió recursos, se dispara la partida de gastos reservados y empiezan los resultados cuando era directora María del Pilar Hurtado. El combustible de la inteligencia se llama gastos reservados.
¿Cómo empezó a operar la ‘Mata Hari’?
Empezó merodeando el Congreso pero se dio cuenta de que en la Corte Suprema estaba como jefe de seguridad un exnovio suyo. Lo reconquista y éste le da ingreso operacional al señalarle potenciales personas que le pudieran servir. Aunque llevaba meses intentado infiltrase, sólo hasta finales de 2007 lo logra en la Corte.
¿Cómo la capacitaron para que se infiltrara?
Durante dos meses la capacitamos en reclutamiento, manipulación de fuentes humanas, recolección de información y labores de calle. Me apoyó Hamilton Nonato, el oficial del caso. Le dimos un apartamento fachada y ella empezó a llevar una doble vida como vendedora de productos de belleza.
¿Cómo llega ella a ese trabajo?
Ella siempre había trabajado en esquemas de seguridad de políticos, pero la iban a trasladar. Eso fue a principios de 2007. A ella no le servía porque estaba estudiando Sicología en la universidad. Así que le pregunté si quería ser una agente encubierta. Aceptó. Le dije que en inteligencia, mediante un acta ficticia, uno simula que fue echado del DAS para justificar que trabaja en otra cosa y tiene que mantener esa fachada con su familia por seguridad. Le dije: “Su misma familia tiene que créerlo para que le guarde la espalda”. Ella no sabía nada de inteligencia, pero tenía ganas y su perfil como estudiante de sicología nos resultaba muy útil. En mayo de 2007 el capitán Tabares me dice: “Oiga William, qué putas hacemos con la Corte”. Yo le dije que ya tenía a una persona escogida para el trabajo, pero que estaba siendo preparada. “Necesito por lo menos un años”, le dije. “¿Cuánto?”, me respondió molesto. Le reiteré: “Al menos un año más para ubicarla y que quede limpia la operación”. Tabares me dijo: “¿Usted cree que yo vengo por meritocracia a esperar un año un resultado que está exigiendo ya el presidente Uribe?”.
¿Y qué pasó entonces?
Nos tocó correr. Todos los días ella estudiaba cuatro horas las técnicas que le enseñamos y se le dejaban tareas: cómo dormir en la calle, cómo consumir alimentos como indigente, teatro, cómo expresarse, cómo disfrazarse de puta, cómo tenía que comprar drogas, cómo manejar armas. Se volvió experta en recolectar información. Quedó aterrada que nosotros, sin un arma y sin una placa, podíamos infiltrarnos donde fuera. Nuestro respaldo era la lengua, la versatilidad para saber sortear las situaciones. Ella se preparó en la calle del Bronx en Bogotá, en sitios difíciles donde había guerrillos y paracos. La probábamos: “Vaya me compra droga, vaya me conquista a ese man”. Y cumplía.
Ella se contacta con su antiguo novio, un policía que presta seguridad en la Corte y empieza todo…
Sí. Su primera tarea fue en el Congreso. Le pedimos que nos identificara uno por uno todos los congresistas y como ella conocía a muchos de sus escoltas le empezó a llegar información. Le tocó salir con muchos de ellos para ver qué información levantaba, pero la verdad ninguna fue muy útil. Hasta que aparece su exnovio en la Corte. Ella nos contó y yo le pedí órdenes al capitán Tabares, le dije que había un policía en la Corte que estaba galanteándola y él dijo: “Hágale y que le pregunte por el Rólex del magistrado”. Yo le dije que eso tardaba, que ella no podía entrar con el letrero “oiga, necesito información del Rólex”. Finalmente le ordené a Alba Luz que reconquistara al policía porque lo íbamos a manipular.
¿Cuándo empieza la ‘Mata Hari’ a obtener información de la Corte?
A finales de 2007. Y todo el 2008 fue un éxito. Pero del reloj Rólex, nada. Su exnovio le abrió las puertas, le presentó gente y ella empezó a mirar a quiénes podía reclutar. Solo hubo cuatro muy útiles, pero se ‘tocaron’ 16 personas. Todo lo íbamos monitoreando hasta que infiltró el escolta del magistrado investigador de la parapolítica Iván Velásquez. Ella lo empezó a manipular y luego ayudaron las señoras de los tintos en la Corte. A todos ellos los estudiamos: se descubrieron sus debilidades. A los policías ella les decía que debían ser leales era con el presidente.
¿No hubo errores en esa infiltración?
Sí, ella cometió la brutalidad de decirles a algunos policías reclutados que esa información que requería de la Corte y de los magistrados era para una embajada. Pero esa fachada no duró mucho. Ella misma me confesó que le tocó reconocerles que este trabajo iba para el presidente, porque una cosa es conseguir unos teléfonos y otra sacar expedientes. “¿Y una embajada pa qué necesita procesos?”, le preguntaron ellos y entonces contó. Ella me cuenta todo esto y yo le digo: “Ya con el pie adentro no podemos retroceder”.
¿En qué momento pasan de espiar a los magistrados a grabarlos?
Cuando ella se toma confianza con su red adentro de la Corte empieza a “pedirles finura”. A todos les decía: “¿Ha escuchado cosas irregulares aquí? Dígame, que es información para el presidente”. Y al capitán Tabares se le reportaba lo que le decían a la Mata Hari los escoltas infiltrados. Esos escoltas tomaban notas de todos los movimientos de los magistrados y contaban. Lo segundo fue la exigencia de expedientes. Ellos los sacaron de la Corte, muchas veces en ese desorden administrativo había dos o tres copias del mismo proceso y se sacaban. Ahí ellos mostraron que tenían todo el acceso al blanco. Con semejantes resultados se dio la orden de poner una grabadora en la Corte. El DAS tenía como 10 grabadoras entregadas por la CIA que podían valer entre $15 y $50 millones cada una. Pero todas tenían un chip que identificaba que eran del DAS. Si las encontraban quedábamos al descubierto. Así que nunca utilizamos esas, sino otras que compramos. El lío no eran tanto las grabadoras como convencer a las fuentes de que grabaran, que asumieran el riesgo. Pero las señoras de los tintos y los policías se peleaban por el aparato para grabar.
¿Cómo lo hacían?
Al magistrado Velásquez, por ejemplo, si había un mueble, en una esquina le ponían la grabadora. ¿Cuál es el arte? Ponerla no, sino convencerlos de que lo hagan, esa es la virtud de Alba Luz. El trabajo de ella era obtener la información, los expedientes o las grabaciones. Eso lo empaquetaba y entregaba con un oficio que yo le hacía llegar al capitán Tabares en la mano. Y él inmediatamente se lo daba a conocer a María del Pilar Hurtado y luego lo distribuía a la Subdirección de Análisis. Después se le dieron órdenes a Mata Hari de que debía escuchar esas grabaciones y procesar la información porque ésta era muy sensible, porque no se quería que esa información se filtrara en manos de tantas personas. Muy pronto empezó a darse cuenta de la importancia de lo que se estaba obteniendo. Yo siempre le preguntaba: “¿De narcotráfico qué encontró?”, y ella me decía: “De eso nada, pero sí hay unas conversaciones muy sensibles, como un magistrado que dice que no van a aceptar una nueva reelección de Uribe”.
¿Esta fue la operación más arriesgada del DAS en su historia?
Sí, porque no estábamos preparados, no teníamos recursos y hubo mucha presión de la cadena de mando. Cometimos muchos errores, a pesar del éxito de muchas cosas. La misión de trabajo decía que toda información después de ser leída por “el decisor”, debía ser destruida; pero eso no pasó porque como subdirector de Fuentes Humanas tenía que rendir cuentas a la Contraloría en relación con los gastos reservados. En octubre de 2008, cuando me dan la orden de levantar el Plan Escalera, no pude destruir todo porque debía justificar los pagos.
¿Qué tanto supo María del Pilar Hurtado de toda esta operación en la Corte?
La destinataria institucional dentro del DAS era ella. Absolutamente todo le fue consultado: los movimientos administrativos y operativos. Mire, en una ocasión, en ausencia de Tabares, Gustavo Sierra fue encargado de la dirección de inteligencia. Él fue llamado por la doctora María del Pilar, quien le dijo que había que grabar una sesión específica de la Corte Suprema de Justicia. Sierra me llama a mí, pero no pude contestarle porque estaba fuera de la ciudad. Entonces rompe el principio de compartimentación y llama al oficial de caso para que compre una nueva grabadora y se la entregue a Alba Luz para que grabe un evento en otro recinto de la Corte.
¿Y qué pasó entonces?
Yo me molesté mucho apenas supe. Efectivamente el evento en la Corte se grabó, pero se puso en peligro la operación porque se rompió la compartimentación. De hecho, Sierra no sabía hasta ese día quién era la detective que estaba infiltrada. Le reclamé y me dijo: “Eso fue una orden, me tocó romper ese protocolo, hágale el reclamo a la doctora María del Pilar”. Toda la información se le entregaba a ella, toda.
¿Dice usted que Hurtado no puede negar eso?
No. A mediados de 2008 ella llega de Presidencia y nos dice a Gustavo Sierra y a mí que viene muy contenta porque el presidente había quedado muy satisfecho con los insumos del Plan Escalera que ella le había entregado y que eso le generaba credibilidad al DAS. Dijo que eso la hacía sentir orgullosa y que le quitaba preocupaciones. En esas me dijo: “Mire, él me preguntó que cómo se estaba grabando y yo le dije que no sabía”. Entonces yo empecé a mostrarle cómo se ocultaban los micrófonos, cómo se camuflaban en el brasier de una mujer, y ella me paro de una, se levantó del escritorio y me dijo: “Sabe qué, mejor no me diga nada, no quiero saber, entre menos sepa, mejor, William”. Según ella, el presidente le dijo lo mismo cuando ella intentó explicarle en Palacio: “No quiero saber nada”, dijo y añadió: “Yo sé que usted lo está haciendo bien, William, por eso quiero que felicite al equipo y a las fuentes humanas. ¿Cuánto les estamos pagando?”. Le dije: “$1 millón”. “Hágame un favor y les da $1 millón más a cada uno y les dice que es por los resultados logrados a nivel institucional”.
¿Ahí usted concluyó que el presidente sí sabía?
Sí. Yo duré 17 años en el DAS entre 1993 y 2009, y siempre como oficial de inteligencia me decían: “El presidente necesita esto, el presidente necesita aquello”. Todos los presidentes. En la investigación por este caso muchos agentes declararon que esta información era requerida por la Casa de Nariño quizá para no señalar directamente al entonces presidente. Pero a mí siempre me mencionaron que la información era para el presidente Álvaro Uribe.
¿Siente entonces que muchos involucrados no lo quisieron mencionar a propósito?
Eso de que la información era requerida por la Casa de Nariño es un eufemismo. El DAS durante 58 años siempre fue los ojos y los oídos del presidente. La información recogida iba siempre para el presidente, fuera este Uribe o sus antecesores. Con ese slogan nos prepararon. Y para nosotros era un orgullo sentir que el presidente se honraba con algunos resultados. Como Peñate, que fue uno de los directores más soberbios que tuvo el DAS, María del Pilar Hurtado no daba órdenes, las imponía. Aunque muchas veces la vi golpeada por la presión que tenía. El capitán Tabares nos decía que el presidente estaba disgustado con ella porque no había los resultados esperados.
¿En qué momento se puso en riesgo la Operación Escalera?
En octubre de 2008 me llaman a una reunión extraordinaria junto a Martha Leal, Jorge Lagos, Gustavo Sierra y el subdirector de desarrollo tecnológico. Ahí el capitán Tabares nos regaña porque hubo un error con un taxi del DAS que estaba merodeando la Corte Suprema. Tabares nos dijo que María del Pilar le había reclamado porque ella venía de Palacio y el presidente se había enterado de ese episodio.
¿Cómo fue ese episodio?
Ese episodio nos lo cuenta Tabares. Un policía asignado a la seguridad de la Corte se percató de ese carro sospechoso y lo detuvo. Ese detective, en lugar de pasar de agache, le muestra el carné del DAS y le dice que está en una tarea de rutina. El policía reportó esa novedad a la Corte y a sus superiores. No sé cómo, pero en Presidencia se enteran.
¿El regaño fue porque se puso en peligro el espionaje a la Corte?
Sí, eso es lo que nos dice el capitán Tabares. Sus palabras textuales fueron: “El presidente putió a María del Pilar”. Al final se supo que ese detective dependía de la Subdirección de Operaciones. A la semana siguiente Tabares me ordena el cierre inmediato de la Operación Escalera por orden de la doctora María del Pilar Hurtado. Tabares me dijo que por esa embarrada del taxi el CTI de la Fiscalía nos iba a hacer un allanamiento.
¿Y usted qué hizo?
Le pedí al capitán Tabares que me dejara seguirles pagando a las fuentes de la Corte por tres meses más a fin de que no se fueran a molestar por levantar súbitamente la operación. En ese momento vi muy estresado al capitán. Él me dijo: “Es problema suyo, pero necesito que levante esto ya mismo, toca desviar la identidad de las fuentes y desaparecer absolutamente todo”.
¿Cuánto costó el Plan Escalera?
Solo en los pagos a fuentes humanas, se gastaron como $180 millones. Se desapareció toda la información del plan en la Subdirección de Fuentes Humanas, pero quedó el rastro de los pagos que salían de gastos reservados y la información que procesó la Subdirección de Análisis.
¿Apenas $180 millones?
Sí. Aunque después en el mismo DAS, cuando estalló el escándalo y con el fin de desviar la atención sobre lo importante, hicieron una operación de desprestigio contra mí, estigmatizaron toda la Operación Escalera.
¿En qué momento el DAS consideró como un “enemigo” del gobierno a la Corte?
En ese entonces en el nivel medio no se veía así. Esa lectura la vinimos a entender después. El caso de la Corte solo lo hablábamos el capitán Tabares y yo; los casos del paramilitar ‘Tasmania’, de las autodefensas de ‘Don Berna’ en Palacio y de la excongresista Yidis Medina, los manejó Martha Leal. Todo estaba compartimentado allá.
¿Pero usted no se dio cuenta de que se trataba de una gigantesca operación de desprestigio contra la Corte?
No. De todo me doy cuenta cuando estalla el escándalo y empiezo a colaborar con la Fiscalía. Ahí me entero que desde otras dependencias se usó mal la información que nosotros recogimos y que los de Contrainteligencia del capitán Lagos, que venían investigando el viaje de los magistrados de la Corte a Neiva en 2006, patrocinado por el lobista Ascencio Reyes, también estaban filtrando una información grave.
¿Cómo se les ocurrió espiar al máximo organismo de justicia en Colombia? ¿A ese requerimiento no se le podía decir que no?
No. En la Subdirección de Fuentes yo tenía a mi cargo a 125 hombres, todos con operaciones y fachadas distintas, hombres honestos, hidalgos, verracos para manejar cosas difíciles y para retroalimentar al presidente. A mí me dieron la orden de indagar si el narcotráfico se había infiltrado a la Corte. Lo grave es que Alba Luz jamás encontró ningún rastro de eso, pero sí tuvo acceso a unas conversaciones de los magistrados en las que se decían cosas del presidente.
¿Cosas como que había preocupación de que se volviera a reelegir?
Sí. Había que garantizar la gobernabilidad del presidente. Y además había un mandato en el DAS para hacerle seguimiento a casos de corrupción administrativa y contrainteligencia de Estado. Bajo esas premisas se sustentó la operación en la Corte, pues indagábamos a Giorgio Sale y a Ascencio Reyes.
Pero eso es dar por hecho que la Corte quería tumbar al presidente.
Esa era la lectura a la cual se estaba llegando como contrainteligencia de Estado.
¿Alguna vez se había espiado a un organismo como la Corte Suprema?
Que yo sepa, no. Pero antes de 1993, cuando entré, pudieron pasar muchas cosas, en esos años la inteligencia no tenía tantos protocolos.
¿A qué se refiere?
A que ahora todo queda por escrito: hay protocolos para manejar gastos reservados, las fuentes humanas, las bases de datos, etc. Muchas veces esto obstaculiza la lucha contra las organizaciones al margen de la ley. Se obstaculiza la inteligencia pura en el sentido de que se dejan rastros. Y la inteligencia pura no puede dejar rastros.
Pero las agencias de inteligencia necesitan control. Mire cómo terminó el DAS.
Esa es una gran preocupación. Mire en este momento no hay un organismo que haga la inteligencia que demanda el presidente. Acabaron con la agencia que hacía eso, la acabaron para guardar los secretos de todos los presidentes durante 58 años. Para borrar sus embarradas. Esto que le digo es gravísimo, pero lo sé porque estuve metido en el corazón de la inteligencia pura de Colombia.
¿Qué embarradas hizo el DAS, por ejemplo?
Esto, hacer una operación de inteligencia en la Corte Suprema y después negarlo. Eso es una traición. Aquí no hay nada que justificar, aquí hay que decir la verdad, y las verdades las tiene María del Pilar Hurtado. Que ella diga quién dio la orden y quién fue el destinatario de toda la información. Ella es el eslabón para llegar al responsable de las órdenes.
¿El DAS fue utilizado en esta operación contra la Corte?
Para mí fue una embarrada que utilizaran al DAS bajo el eslogan de que la Corte estaba penetrada por el narcotráfico. Nos ponen en ese desgaste de obtener esa información para que después el presidente saque un provecho personal y luego se limpie las manos diciendo que él no mandó a hacer eso. Y que los directores del DAS involucrados no tengan el valor y la entereza de decir “sí, eso lo mandamos a hacer”. Lo que está haciendo el expresidente ahora es justificar lo que tuvo que haber justificado hace cinco años cuando empezaron las investigaciones. Todo eso es traición.
La traición fue del DAS a la democracia, ¿no?
Después nos dimos cuenta de todo. Es que en el DAS no recibíamos ordenes, nos las imponían. Uno no podía decirle que no a una orden.
El expresidente trinó diciendo que si las órdenes eran ilegales, ¿por qué funcionarios experimentados de inteligencia las cumplieron?
Pues ahí está justificando su preocupación. Yo tuve el valor de asumir la responsabilidad y decir la verdad. Siempre he dicho que las ordenes me las dieron el capitán Tabares y la doctora Hurtado, siempre en función del presidente. Yo cumplí esas órdenes porque nunca pensé que el capitán Tabares fuera un delincuente y mucho menos que lo fuera el presidente de la República. Pensé que una orden del presidente no podía ser ilegal. Después me di cuenta de todo, de que se hicieron cosas ilegales que en esa época nosotros no veíamos así. El expresidente Uribe y el alto gobierno utilizaron al DAS para hacerle frente a un tema personal que se desató con el curso de su continuidad en el poder.
Cuando un presidente se refiere a unos magistrados como “nostálgicos del terrorismo”, como lo hizo después del fallo contra Yidis Medina, ¿el DAS interpreta eso como una orden para investigarlos?
Sí y había dos maneras de interpretar esas órdenes. Uno era lo que él decía en consejos comunales o intervenciones públicas: era nuestro deber como agentes de inteligencia estratégica tomar lo que decía como un mandato presidencial. Y estaba la otra orden explícita cuando llamaba al director del DAS para darle órdenes. A veces nos preocupaba que información de inteligencia que le había dado el DAS él la ventilaba sin problema. Yo creo que lo hacía para mandar el mensaje: “Pilas que ya sé que las Farc están en esto” o “ya sé quiénes van al exterior a hablar mal del gobierno”. A esos insumos de inteligencia había que darles un manejo y él fue imprudente.
¿Usted se arrepiente?
Sí. Me arrepiento de haber creído en el presidente y en los protocolos que fueron manipulados por las órdenes ilegales que nos dio el alto gobierno.
¿Qué reflexión le queda?
No volver a confiar en nadie. Yo creí en los protocolos, en el presidente, en la directora del DAS, pero la persecución desatada contra mí y mi familia durante los últimos cinco años me acabó. Perdí mi patrimonio, mi hogar se resquebrajó, tengo miedo por mi familia. Una persecución que empezó el exdirector Felipe Muñoz.
¿Por qué Muñoz estaría interesado en acabar con usted, si fue Felipe Muñoz el que le abrió las puertas a la Fiscalía para que allanara el DAS?
Su intención fue callar la verdad. A mí me dio la orden de que en todas las bases de datos y en los archivos físicos se cambiara la palabra “blanco” y “objetivos” por otro sinónimo en caso de un allanamiento de la Fiscalía. Yo le hice ver que eso no se podía. El detective Carlos Orjuela declaró que Muñoz permitió la destrucción de mucho material.
¿En qué momento decide contarle sus verdades a la justicia?
Cuando me echan del DAS, en agosto de 2009, trabajé un tiempo en un campo petrolero de Ecopetrol, prestando seguridad, y en la Contraloría. Pero varias fuentes me llamaron a decirme que me iban a judicializar por las chuzadas. Consulto a mis abogados, les cuento todo y me recomiendan contar mi historia en la Fiscalía. Acepté, pero por lealtad pedí primero hablar con el capitán Tabares. Él ya estaba detenido con el capitán Lagos. Apenas llegué al lugar, vi el registro de visitantes y estaba con él María del Pilar Hurtado. No quise entrar, pero conseguí un correo humano para que le diera mi razón. Le mandé a decir que le dijera al presidente que si yo tenía las garantías de una defensa de alto perfil y un apoyo económico, yo me quedaba en silencio, de lo contrario iba a confesar todo.
¿Y qué pasó?
Se entregó la razón. Mi intermediario les dijo a Tabares, Lagos y Hurtado que yo no iba a chupar cárcel gratuitamente y les dijo que yo llamaría a Tabares a las 2 de la tarde de ese día para que me diera una respuesta. Lo llamé y me dijo que este proceso se iba a caer y que yo debía negarlo todo. Es decir, no me contestó lo que pedí. De ahí salí para la Fiscalía y mi vida se acabó: tuve que irme a guardar a un pueblo, mi esposa salió para otro lado, mis hijos igual, mis padres cayeron en cama, a mi hermana le dio cáncer. Vendí todo, anillos, neveras, televisores, todo, para pagar mi defensa. Vinieron las amenazas. Y todos los procesos penales, disciplinarios y fiscales. A la Mata Hari le pasó lo mismo.
En el mundo de la inteligencia, confesar lo que se hizo no parece ser una opción. ¿Cómo hizo para hablar?
Estamos para obedecer, ejecutar y no hablar. Pero mis abogados Édgar Torres y Romel Salazar me sacudieron e hicieron entender que el cuento de la seguridad nacional se me había acabado, que debía confesar lo que pasó. Muchos de los procesados del DAS tuvieron que reconocer lo que pasó por mis confesiones.
¿Una situación como esta se lo traga a uno por dentro?
Claro. La angustia de algún atentado contra mi familia me traga por dentro. Si atentan contra mí yo sé defenderme y si no puedo salir bien hago que me maten, no que me dejen mal herido. Pero mi familia…
¿Cómo hizo para vencer el miedo para hablar entonces?
Por la infamia de ver cómo miente un presidente y unos altos directivos que nos dieron órdenes. Es una tristeza que cerraran el DAS. Terminaron con la ilusión de 6.500 familias. Fueron muchos los resultados que dimos contra organizaciones criminales. Pero esa embarrada de la Corte nos salió cara.
Pero es que eso fue un despropósito.
Sí y yo respondo por el Plan Escalera, pero que no me pregunten de ‘Tasmania’, ni de la yidispolítica, ni de Piedad Córdoba o Gustavo Petro porque no sé.
¿Cree que María del Pilar dirá algo?
Yo quisiera decirle que ya no es el momento de justificar nada. Hay que afrontar la verdad. No sé si la ingenuidad o el deseo de mantener poder hicieron que nos diera esas órdenes. Le pido que cuente la verdad que necesita el país, no esa que necesita el gobierno pasado o este gobierno.
¿Cómo así que se perdió parte de la información que usted le entregó a la Fiscalía?
Entregué en septiembre de 2010 casi 16 teras de información que manejaba en el DAS Jaime Fernando Valle, el jefe del Grupo Político Social del DAS. Él me dio esos archivos para que los guardara. Ahí aparecían registros de la yidispolítica, Piedad Córdoba, Gustavo Petro y la carpeta de la información recolectada en la Corte Suprema que tenía 148 folios. Cuando fui en diciembre de 2014 a la Fiscalía para revisar el expediente no encontré esa carpeta. Esa información se puede rescatar porque está en medios digitales, pero me quedó el mensaje de que no hay garantías.
¿Qué le pide entonces al fiscal Montealegre?
Que mejore mi seguridad y que se me cumpla lo prometido en materia de colaboración como testigo. Aún más: si María del Pilar Hurtado habla que le den beneficios y que a mí me los mejoren. El país debe saber que vengo colaborando con la justicia desde mayo de 2010. No me he guardado nada, aparte de dar mis testimonios, entregué un arsenal probatorio con 16 teras de información que corresponden a unos 80 millones de documentos. Soy testigo de hecho y de acreditación. La verdad es que María del Pilar también fue manipulada y mire lo que tuvo que soportar. Un asilo, fuera de su familia, llena de zozobra.
Felipe Muñoz denunció a Romero
El exdirector del DAS, Felipe Muñoz fue quien despidió a William Romero en agosto de 2009. Además lo denunció penalmente por un presunto mal manejo de gastos reservados. De acuerdo con la denuncia, Romero y Alba Luz Flórez habrían utilizado dineros del DAS para montar un centro de estética, versión desmentida por ellos mismos. En su momento, Muñoz ordenó allanar varias fachadas controladas por Romero por considerar que no tenían control. Después de su salida del DAS, Romero denunció por persecución laboral a Muñoz, pero ese caso lo archivó la Procuraduría. Sobre la denuncia de que Muñoz permitió la destrucción de documentos en el DAS, el propio exdirector señaló ante las autoridades que fue la revista Semana la que denunció que antes de su llegada al DAS, en enero de 2009, agentes de Contrainteligencia destruyeron información y así se vio en videos y fotografías. También aseguró en sus versiones que fue él quien entregó a la Fiscalía las famosas carpetas del grupo G-3 en las que se evidenció el espionaje del DAS contra defensores de derechos humanos, dirigentes de oposición y periodistas.
El caso del exdirector Andrés Peñate
Tras la salida de Jorge Noguera del DAS, Andrés Peñate asumió la dirección del organismo de inteligencia. Según Romero, durante su administración, entre 2005 y 2007, el DAS inició el Plan Escalera y fijó ciertos “blancos políticos” con el objetivo de mantener enterado al presidente. En 2010, antes de rendir un interrogatorio en la Fiscalía, Peñate le dijo a la prensa que “el DAS no fue una empresa criminal. Las órdenes fueron prevenir el terrorismo y las filtraciones de agencias de otros países”. No obstante, en 2010 la Procuraduría lo suspendió por ocho meses para ejercer cargos públicos, “por la ilegalidad en interceptaciones y seguimientos realizados a diferentes personalidades de la vida pública”. A finales de 2014, Peñate demandó el fallo del Ministerio Público ante el Consejo de Estado. Hoy no tiene investigaciones por el caso del espionaje de la entidad.
Corte debe avanzar en investigación contra José Obdulio Gaviria: Vicefiscal
COLPRENSA
2 de Febrero de 2015
El vicefiscal general de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, dio a conocer este lunes que se compulsaron copias al Corte Suprema de Justicia en contra del senador José Obdulio Gaviria por las investigaciones que se adelantan por las chuzadas del DAS.
“Se logró establecer una posible participación del señor José Obdulio Gaviria por lo que se compulsaron copias a la Corte Suprema de Justicia para que sea esta la que determine y avance en la investigación”, dijo el vicefiscal en entrevista con BLU Radio.
Agregó “como él ahora es senador de la República por lo que la Fiscalía ya no lo puede investigar ni seguir investigando. Entonces nosotros le decimos a la Corte Suprema de Justicia que verifique la información y tome una decisión”, expresó el vicefiscal.
Así las cosas, la Fiscalía comienza avanzar en las investigaciones para establecer quiénes fueron las personas que se beneficiaron de los seguimientos e interceptaciones adelantadas por agentes del DAS a magistrados de la Corte Suprema, periodistas y opositores al gobierno del entonces presidente de la República Álvaro Uribe Vélez.
Pero para lograr conocer esto, es necesario el testimonio de María del Pilar Hurtado, exdirectora del DAS, a quien la Fiscalía ya le ofreció beneficios jurídicos que podría recibir en caso de ser condenada por la Corte Suprema.
Hurtado está siendo juzgada por los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público, violación ilícita de comunicaciones agravada y abuso de función pública.
Los ‘wikileaks’ que enredan a José Obdulio Gaviria
2 de Febrero de 2015
La Fiscalía compulsó copias para que la Corte Suprema de Justicia lo investigue.
Nuevos coletazos ha dejado la entrega de la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado. El vicefiscal general, Jorge Fernando Perdomo, anunció que hay interés en negociar con ella.
Tras la entrega de la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado, ya comenzaron a sentirse los primeros coletazos por el caso de las chuzadas (interceptaciones ilegales a magistrados y políticos entre 2008 y 2009). Este lunes, el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo anunció que existen posibilidades de que la Fiscalía llegue a un acuerdo de colaboración con Hurtado, y además, que la fiscal que adelanta las pesquisas por estos hechos le compulsó copias en el pasado mes de diciembre a la Corte Suprema de Justicia para que asumiera la investigación contra el senador José Obdulio Gaviria, quien para la época de los hechos era asesor presidencial de Álvaro Uribe Vélez.
Varios de los testigos estelares de las chuzadas del DAS han salpicado a Gaviria. Entre ellos el exdirector de contrainteligencia Jorge Alberto Lagos, el exdirector de inteligencia Fernando Tabares y la exsubdirectora de operaciones Martha Inés Leal. Los dos primeros han sostenido que en varias oportunidades hubo reuniones en la Casa de Nariño para analizar los avances del llamado caso Paseo—así se denominó la investigación por el viaje que realizaron los magistrados al Huila en 2006, patrocinado por el polémico empresario Ascencio Reyes—. El objetivo era documentar los nexos entre el entonces presidente de la Corte Suprema Yesid Ramírez con Reyes. En esa época Ramírez tenía un público enfrentamiento con el presidente Uribe.
Asimismo, a Gaviria lo han mencionado como el hombre detrás de órdenes del DAS para rastrear a políticos de oposición que eran señalados como enemigos del gobierno. Esta situación quedó registrada en los archivos secretos, conocidos como ‘wikileaks’, que envió en su momento el embajador de Estados Unidos, William Brownfield, quien empezó a enviar mensajes a su país sobre la crítica pelea en la que estaban el gobierno Uribe y la Corte Suprema.
En uno de los cables revelados, enviado el 24 de octubre de 2008, se precisó que quien estaría impulsando al DAS a realizar seguimientos ilegales a políticos y magistrados era José Obdulio Gaviria. Cuatro meses más tarde se elaboró otro memo de la embajada de EE.UU. en el que se leía que el entonces comandante de la Policía, general Óscar Naranjo, y el exdirector de DAS Andrés Peñate le dijeron por separado al embajador Brownfield que Gaviria era quien más insistía en seguir los movimientos de los contradictores del gobierno. El 4 y el 13 de mayo de 2009 se mandaron otros dos informes a EE.UU. en los que se relataba la inestabilidad política del momento tras los hallazgos de la Procuraduría —que advertían vigilancia sistemática contra los opositores— y, además, se reiteraban los señalamientos de Naranjo y Peñate contra el asesor presidencial.
El siguiente cable de la embajada norteamericana en el que resultaba salpicado Gaviria era del 22 de mayo de 2009. En este, el exdirector del DAS Andrés Peñate insistió en que si bien José Obdulio Gaviria y el exsecretario Bernardo Moreno no dieron órdenes directas de controlar monitorear a los magistrados, los funcionarios del DAS entendían lo que ellos estaban pidiendo y actuaron bajo presión. Otro de los mensajes publicados por Wikileaks conocidos, fechado el 9 de septiembre de 2009, hablaba sobre una reunión entre el embajador y el expresidente Uribe. En ella se trataron temas referentes a la liquidación del DAS y a la preocupación por la imagen negativa de Colombia por las chuzadas.
Las palabras del vicefiscal Perdomo en su entrevista con Blu Radio ayer generaron un aluvión de críticas desde personas cercanas al uribismo. José Obdulio Gaviria dijo que “el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo dirige en la Fiscalía una banda criminal en contra del Centro Democrático, porque se dedica a la política y va al Senado a hurgar y maquinar cosas (...) No me parece extraño que luego de varios años desempolve, en el momento que yo arrecio las críticas contra ellos”. El congresista, al ser cuestionado por las supuestas órdenes que le impartió a Hurtado, contestó: “Eso ni siquiera puede ser posible pensarlo, dudarlo o intentar siquiera insinuarlo respecto a mi comportamiento o conducta”. Agregó que el vicefiscal actúa “como activista político en contra del Centro Democrático”.
Por su parte, el expresidente y senador Álvaro Uribe escribió en su cuenta de Twitter: “Intervenciones del vicefiscal, Jorge Perdomo, en medios demuestran que estamos ante una persecución política disfrazada de acusación judicial (…) ni María del Pilar Hurtado, ni mi presidencia, ni mi persona ordenamos acciones ilegales”. Igualmente, publicó un comunicado de prensa en el que manifestaba que durante su mandato no se ordenaron acciones ilegales, que María del Pilar Hurtado fue designada como directora del DAS ya que “venía precedida de buena reputación por trabajo en otros gobiernos (…) fue nombrada por recomendación de sus superiores quienes dieron excelente informe (…) María del Pilar ha sido una funcionaria proba”.
El expresidente insistió en que se realizaron operaciones de seguridad para indagar la entrada de dineros del chavismo a políticos. Finalmente, en su comunicado, el senador Uribe enfatizó que él también había sido víctima de las chuzadas y cuestionó a los funcionarios de alto nivel que colaboraron con las autoridades al decir: “si las órdenes eran ilegales, ¿por qué las cumplieron?”.
Uribe también recordó un episodio que le ocurrió a Hurtado durante su asilo en Panamá —donde se refugió desde 2010—: el robo de su pasaporte y su computador personal. Al parecer, según han indicado fuentes cercanas al proceso, en el equipo se encontraba guardada la información que podría llegar a perjudicar al más alto nivel del gobierno de la época. Durante el operativo en el que se entregó María el Pilar Hurtado el pasado sábado a las 3:00 de la mañana, agentes del CTI de la Fiscalía sostuvieron conversaciones con la exdirectora del DAS, quien al parecer indicó sus deseo de negociar con las autoridades. Al ser indagada por las pruebas que podría aportar, como por ejemplo copias del computador perdido, guardó silencio y no volvió a hablar sobre el tema.
Todo parece indicar que esta situación es lo que ha llevado al ente investigador a dar el debate ante la opinión pública sobre si Hurtado debería o no recibir beneficios jurídicos, a pesar del arsenal de testimonios y pruebas en su contra. Por ahora, la exdirectora del DAS está ad portas de conocer la decisión de la Corte Suprema de Justicia en su caso, pero la Fiscalía sigue planteado la posibilidad de que a la exdirectora le otorguen rebajas de pena y hasta una condena que puede ser pagada en detención domiciliaria.
El lío electoral del Centro Democrático
Entre multas y pérdida de la personería
23 de Enero de 2015
La suerte jurídica de Óscar Iván Zuluaga en la investigación por el ‘hacker’ Sepúlveda podría tener graves consecuencias para el partido uribista, según las sanciones que establece la reforma política de 2011.
La decisión se adoptó en Sala Plena esta semana y será anunciada oficialmente el próximo martes: el Consejo Nacional Electoral (CNE) iniciará de oficio una investigación contra el Centro Democrático, con el fin de determinar si hubo o no omisión de información en el reporte de gastos de la campaña presidencial, tras las declaraciones del fiscal Eduardo Montealegre en el sentido de que se le habrían pagado $230 millones al hermano del hacker Andrés Sepúlveda, dinero que aparece como una deuda con David Zuluaga, hijo del excandidato Óscar Iván Zuluaga y quien fungía como gerente de su campaña. “Esta investigación se origina porque en una información periodística se dice que no fueron reportados esos pagos. Queremos tener la certeza si eso que se afirma es verdad o no”, le dijo Emiliano Rivera, presidente del CNE, a Blu Radio.
Pero, ¿cuáles son las sanciones que contempla la ley si se comprueba esa irregularidad? ¿Puede el Centro Democrático llegar a perder su personería jurídica? Según las normas electorales, dichas sanciones se imponen de acuerdo con la valoración que se haga de las faltas, en el siguiente orden: multas que pueden ir entre el 1% y el 10% de los recursos desembolsados por parte del Estado para la respectiva campaña; congelación de los giros respectivos; devolución parcial o total de los recursos entregados, incluyendo las donaciones privadas e, incluso, en el caso del ganador de las elecciones presidenciales, el Congreso puede decretar la pérdida del cargo, según el procedimiento contemplado para las investigaciones y juicios por indignidad política.
No es este último el caso del Centro Democrático, pues Óscar Iván Zuluaga no ganó la Presidencia. Por eso, según fuentes del organismo electoral, la sanción a aplicar sería la de la multa, en caso de que se llegue a comprobar que David Zuluaga hizo giros a Luis Carlos Sepúlveda, el hermano del hombre señalado de haber ‘chuzado’ el proceso de paz, como pago por sus servicios, los cuales no habrían sido incluidos en la contabilidad del Centro Democrático. Además, según reveló la revista Semana, en la documentación oficial aparecen dos pagos más, uno por $35 millones y otro por $64,5 millones, por propaganda electoral, cuando al parecer la campaña no había arrancado en firme.
Pero el verdadero embrollo para el Centro Democrático, según dicen en el CNE, está en que Óscar Iván Zuluaga, actual presidente de la colectividad, sea sancionado jurídicamente por la investigación que adelanta la Fiscalía. Como se sabe, el ente acusador citó a interrogatorios al excandidato, a su hijo David y a su exasesor espiritual Luis Alfonso Hoyos, para explicar de dónde salieron las supuestas órdenes para que el hacker Andrés Sepúlveda infiltrara y atacara por las redes sociales el proceso de paz que adelantan el Gobierno y las Farc en La Habana. En ese caso, el Centro Democrático tendría en riesgo su personería jurídica, de acuerdo con la reforma política de 2011 (Ley 1475).
Y es que esa reforma estableció, entre otros puntos, que los directivos de los partidos serán responsables por incurrir en actos tipificados como delitos contra mecanismos de participación democrática; contra la administración pública; contra la existencia y seguridad del Estado; contra el régimen constitucional y legal; de lesa humanidad; o relacionados con actividades de grupos armados ilegales o de narcotráfico. Los responsables de tales hechos serán acreedores a la amonestación escrita y pública —sin perjuicio de las acciones penales a que hubiere lugar—, a la suspensión de cargo directivo hasta por tres meses; a la destitución del cargo y a la expulsión de la colectividad. Pero además, los partidos también serán sancionados, por ejemplo, con la suspensión de la financiación estatal, la suspensión temporal de la personería jurídica o a la cancelación de la misma, según la gravedad.
Claro, hoy no hay un proceso formal en contra de Óscar Iván Zuluaga y primero tendría que ser vencido en juicio. Pero para el senador Ernesto Macías, del Centro Democrático, el simple hecho de que se plantee esa posibilidad ratifica la “persecución” de que es víctima el uribismo: “El presidente Santos está utilizando todo lo que pueda para acabar con el Centro Democrático, que para él es un estorbo, una piedra en el zapato. Cuántas cosas peores han ocurrido en el país, hay partidos de garaje que no entregan cuentas y nunca ha pasado nada. A nosotros nos esculcan con lupa y cualquier cosa que encuentren la van a utilizar para tratar de eliminarnos. Todo esto no es de poca monta, lo hemos advertido, vamos camino a Venezuela”, enfatizó.
Antecedentes en Colombia no hay, pues la rigurosidad que se implantó en la reforma política de 2011 apenas está comenzando a aplicarse. Sin embargo, hay otro partido con un lío similar o quizás más complicado: nada más ni nada menos que Cambio Radical, el del vicepresidente Germán Vargas Lleras. En abril de 2013, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó a tres años y nueve meses de prisión al representante a la Cámara Jaime Cervantes Varelo, por vínculos con grupos paramilitares. Y compulsó copias a la Fiscalía para que investigara su posible participación en un homicidio. Según conoció El Espectador, el CNE estudia ya el caso para determinar si se le suspende o se le quita la personería jurídica a la colectividad que lo avaló: Cambio Radical.
campo y agro Colombiano
La crueldad de pasar hambre
Desde el punto de vista médico y psicológico. Aunque las cifras han bajado, esta semana ya se conocieron los primeros seis casos de niños muertos por desnutrición en el país. Tres de ellos ni siquiera habían cumplido un año de vida.
2 de Febrero de 2015
Los menores indígenas son particularmente vulnerables al drama de la desnutrición.
Colombia es un país que nada entre oleadas de paradojas: mientras aspira a ingresar al club de los países ricos, OCDE, cuya misión es “promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo”, en su territorio muere cada 33 horas un menor de cinco años por hambre. La cifra es del Instituto Nacional de Salud, pero hay otras más osadas, como la de las investigadoras del Externado Magda y Nubia Ruiz: tres niños mueren cada día por esta causa. El término oficial y políticamente correcto es “desnutrición”, que, a fin de cuentas, no es otra cosa que el hambre oculta en un disfraz que tiene que ver con la cantidad o calidad de los alimentos que se comen. Aun así, el resultado final es el mismo: el cuerpo simplemente no da más.
Es una tragedia sin fin. Esta semana el Instituto Nacional de Salud reportó que, en lo corrido del año, seis familias han enterrado a sus pequeños por hambre. Tres de ellos ni siquiera habían cumplido su primer año de vida y los otros tres estaban entre los 12 y los 15 años. De ese grupo, tres murieron el mismo día que fueron internados. Sucedió en Córdoba y en Magdalena, como recordatorio de que el año pasado en la región Caribe se presentó el 45% de los 240 casos registrados en el país. Sucedió en La Guajira, departamento que el año pasado dio sepultura a 43 de sus chiquitos porque no se alimentaban como debían. Sucedió en Risaralda, en Meta, en Nariño. El último cálculo de la ONU es que en el mundo un 26% de los niños sufren de desnutrición crónica.
Y usted, ¿sabe qué pasa en el cuerpo de un pequeño al que la pobreza no le permite alimentarse como necesita, al punto de llegar a desnutrición crónica y morir por ello? Fernando Sarmiento Quintero, coordinador de la Unidad Gastroenterológica y Nutrición de la Fundación Hospital de La Misericordia, el hospital pediátrico más grande del país, nos explicó en detalle.
“Existen tres tipos de desnutrición desde el punto de vista de la gravedad: riesgo nutricional, moderada y severa. La severa es la que presenta menor número de casos, pero es la más grave porque los niños mueren y porque deja ver que el hambre es una condición social. En el hospital la vemos principalmente como producto del desplazamiento, de la gente que se viene de las zonas rurales a engrosar los cinturones de miseria de las ciudades”. La introducción del doctor Sarmiento va en línea con una realidad que ya han denunciado organismos como el Programa Mundial de Alimentos: el destierro por la violencia afecta la seguridad alimentaria de las víctimas, pues su principal sustento eran su tierra y los animales. Los alimentos dejaron de estar al alcance de la mano.
Quien pasa hambre vive pobreza, pero en la mayoría de casos no se trata de niños que llevan un tiempo prolongado sin probar bocado: se trata de menores que llevan meses —y hasta años— alimentándose de la peor forma posible. “Sus familias no tienen con qué comprar nutrientes de calidad. Los alimentos con proteínas y ricos en calcio y hierro, (carnes, huevo y leche) y los que concentran las vitaminas y minerales (frutas y verduras) son muy costosos, , por eso, si es que pueden, compran lo más barato, carbohidratos: papa, arroz, pasta, yuca, plátano. La gente calma el hambre pero no se alimenta, y ese es el origen de los problemas”, explica Sarmiento.
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Si los niños comen muy poco, o reciben una alimentación de mala calidad con componentes desequilibrados, el resultado son las deficiencias: el organismo se resiente. Se disminuyen los niveles de calcio, de hierro y de vitamina A, principalmente. Y ese déficit, mezclado con cantidades desproporcionadas de carbohidratos que intentan sin éxito reemplazar a las proteínas, trae consecuencias.
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Se llama catabolismo: el cuerpo empieza a sacar de sus propios depósitos lo que usualmente le brinda la comida. Si el niño está comiendo de todo, pero en porciones mínimas, va a alcanzar un tipo de desnutrición conocida como “marasmo”. “Se ven con los huesitos forrados”, señala el doctor Sarmiento. La marca más común es la reducción de la talla, y lo que un niño pierde en crecimiento de esa forma no lo recupera nunca. La última Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia (Ensin), hecha por el ICBF en 2010 —este año viene otra—, muestra que los departamentos más afectados por este tipo de hambre infame son Vaupés, Amazonas, La Guajira, Guainía y Cauca. En todos hay un buen número de comunidades indígenas.
El cuerpo es una máquina potente que no se apaga sin dar la batalla, pero es una batalla perdida si no tiene nutrientes con qué darla. El hierro es indispensable para la formación de la hemoglobina, una proteína especializada en transportar oxígeno a todos los tejidos del cuerpo. Por esa razón, los niños que pasan hambre suelen presentar anemia y la formación de sus tejidos se ve afectada. Igual pasa con la formación ósea, que se ve seriamente comprometida por la ausencia de calcio —por eso son niños más pequeños—. La falta de vitamina A compromete la integridad de la piel y de las mucosas, lo que incluye una pobre lubricación en los ojos con riesgo de lesión en la córnea: un niño que sufre de hambre puede llegar a quedar ciego.
Cuando en su alimentación predominan los carbohidratos, explica el doctor Sarmiento, la apariencia física del pequeño cambia en comparación con quienes sufren de marasmo. No están “forrados en los huesos”, al contrario, se hinchan. La causa: los líquidos que normalmente van al sistema vascular se filtran en los tejidos. Su hígado se llena de grasa y crece también. Esta condición se llama “kwashiorkor”. “Los padres, al ver a los niños ‘rellenitos’, piensan que están bien. Pero no lo están. Así como se pierde tejido muscular y desaparece el tejido graso, su potencial de crecimiento e intelecto se van a ver afectados si no se detecta a tiempo”, señala el médico.
Un niño con marasmo —que a duras penas tiene qué comer— cuenta con menos probabilidades de sobrevivir que un pequeño que sí come, pero lo incorrecto. En ambos casos, sin embargo, el hambre se vuelve un motor de estragos porque los niños necesitan tres veces más nutrientes que los adultos. Morir de hambre, como morir de sida, no es posible: lo posible es sucumbir ante alguna enfermedad que a cualquier mortal bien alimentado no tumbaría. El hambre, como el sida, afecta el sistema inmunológico y, por lo general, los niños mueren por infecciones pulmonares o gastrointestinales. Neumonía y diarrea. La diferencia entre el hambre y el sida es que sólo la última no tiene remedio hasta ahora.
—¿A los niños con hambre les duele algo, doctor Sarmiento?
—No les duele nada. Pero sufren de hambre. Y todos sabemos lo cruel que es sentir hambre.
El daño es mental también
El Espectador consultó a Jacqueline Londoño, subdirectora de la dirección de nutrición de Bienestar Familiar, quien explicó las repercusiones que el hambre tiene sobre las mentes de los pequeños que soportan este calvario: “La desnutrición produce daño a nivel cerebral y neuronal. Las dendritas, conectoras del sistema nervioso, dejan de multiplicarse. En la foto de una neurona de un niño desnutrido versus la de un niño normal se nota que la del desnutrido es poco ramificada. (El hambre) no permite que el cerebro crezca y se desarrolle normalmente”. ¿Qué quiere decir esto? “Que el niño pierde su capacidad de interrelacionarse con el mundo”, asevera Londoño. “Ni siquiera juega porque su organismo está ahorrando energías”.
Estudios recientes en Brasil, Guatemala, India y Sudáfrica lo confirman: quien pasa hambre sufre un daño irreversible en su cerebro. “Es una injusticia que a menudo se transmite de generación en generación”, ha señalado la Unicef, evidenciando así un círculo espantosamente vicioso: quien vive en la pobreza no tiene cómo acceder a alimentos que lo nutran; la desnutrición reduce las capacidades de aprendizaje; alguien sin educación sólida no tiene otro camino —aparte de la ilegalidad— para salir de la pobreza. El hambre “puede eliminar oportunidades en la vida de un niño y también oportunidades de desarrollo de una nación”, dijo alguna vez Anthony Lake, director Ejecutivo de Unicef.
Reducir significativamente la desnutrición es un propósito de Colombia y todos miembros de la ONU para 2015. El Conpes 140 de 2011 indica que la meta para este año es que la prevalencia de desnutrición crónica sea del 8%, cuando hace 25 años era del 26%. Ese Conpes enuncia también que la problemática del hambre exige “acciones estructurales que pongan fin a la inseguridad alimentaria, en coordinación con Bienestar Familiar, alcaldes y gobernadores, el sector educativo, la salud y la sociedad en general”. La sociedad en general, sí. Porque el hambre —que como cuenta el periodista Martín Caparrós afecta a 900 millones de personas en el mundo— es un crimen colectivo en el que todos, hasta los bienintencionados, somos cómplices.
Estado colombiano: tomando correctivos
El país lleva un tiempo largo intentando fortalecer los derechos de los menores. El primer paso fue adherir la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño en 1990. No obstante, pasarían 20 años antes de que se contara con un primer diagnóstico de la situación de la atención a la primera infancia.
En 2011 se creó la Comisión Intersectorial para la Atención Integral a la Primera Infancia, la cual integran la Presidencia, los ministerios de Salud, Educación y Cultura, el Departamento para la Prosperidad y el ICBF. Este grupo ha desarrollado protocolos y tomado medidas para combatir la grave problemática de la desnutrición. La Unicef señala que “los países que han demostrado voluntad y compromiso político para hacer frente a la desnutrición han tenido gran éxito a la hora de reducir la prevalencia de desnutrición crónica”, y muestra como ejemplos de esa reducción significativa a Perú, Ruanda, Etiopía, Haití y dos estados de la India: Nepal y Maharashtra.
75 por ciento de los niños que presentan desnutrición y reciben tratamiento pueden recuperarse, dice la ONU.
Al mundo no le falta comida sino corazón
¿Por qué en un mundo de 7.000 millones de habitantes, que produce alimentos para 12.000 millones, 900 millones de seres humanos mueren de hambre? Esa fue la pregunta en la que se basó el periodista argentino Martín Caparrós para salir al mundo, recorrer ocho países (Níger, Bangladesh, Sudán, Madagascar, India, Kenia, Estados Unidos y Argentina) e intentar ponerle rostro a esta gravísima problemática. La conclusión del reconocido reportero es que a este mundo no le faltan alimentos, sino corazón. “Entre ese hambre repetido, cotidiano, repetida y cotidianamente saciado que vivimos, y el hambre desesperante de quienes no pueden con él, hay un mundo de diferencias y desigualdades”, señala el autor. “El primer problema es de desigualdad en la distribución. En los países del primer mundo se tira entre el 30 y 50% de la comida”, explicó Caparrós en una entrevista con el diario El Tiempo en agosto del año pasado.
"La idea es seguir presentando reformas tributarias"
9 de Febrero de 2015
Rentas petroleras dejan hueco de $9 billones
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, anunció que el 15 de febrero el Banco Interamericano de Desarrollo presentará las propuestas de lo que será la reforma pensional.
1 de Febrero de 2015
En medio de la incertidumbre y los nubarrones que se ciernen sobre la economía mundial por la caída del precio del petróleo, Colombia parece estar tranquila y el Gobierno optimista. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, considera que el país, en materia macroeconómica, “es muy sólido”. No obstante, el FMI acaba de rebajar la previsión de expansión para el PIB de 4,5 a 3,8%, y el Ejecutivo se mantiene en 4,2% para 2015. Pero ha caído mal la recomendación de la OCDE de que Colombia requiere acometer dos reformas: una tributaria estructural y una pensional. La primera significa más impuestos y la segunda dificultad para acceder a una pensión. Cárdenas considera que nos tenemos que ajustar el cinturón en un punto para este año y en dos para 2016.
- El Gobierno es optimista. ¿Hay razones para serlo en medio de la incertidumbre externa?
Es cierto que el mundo está lleno de incertidumbre en este momento. Es cierto que los países que dependemos de productos básicos en la parte fiscal, en la parte externa, estamos enfrentando un nuevo escenario. Hay un cambio de régimen, pero considero que Colombia está en una posición favorable porque en materia macroeconómica es muy sólida y tiene una buena diversificación en los sectores.
- ¿Realmente la economía colombiana es la niña bonita de la región?
Sí, sin duda. Por su modelo, por su política, por su seriedad y por sus resultados.
- ¿Será muy fuerte la desaceleración económica para este año?
No. Creo que, números redondos, el país está a niveles del 5% el año pasado... 4,8%. Vamos a estar más cerca del 4... 4,2%. El pronóstico del Gobierno es 4,2%.
- ¿Tenemos buenos colchones?
Sí. Tenemos buenas reservas internacionales, tenemos una línea con el Fondo Monetario Internacional, tenemos el Fondo de Ahorro y Estabilización del Petróleo, tenemos pocas necesidades de financiamiento porque tenemos un déficit relativamente bajo. Es un país que puede navegar estas nuevas aguas y hacerlo exitosamente.
- ¿Qué tanta potencia ha perdido el motor de la economía?
El arte de este año va a estar en reemplazar un motor con otro, es decir, ese motor que naturalmente se va a desacelerar, el petrolero, que jugó fuerte, que empujó mucho la nave, lo tenemos que reemplazar con otros motores y ahí entra la industria; mantener el ritmo de la construcción y, creo, es muy importante el tema agropecuario.
- La industria sigue de capa caída, ¿qué hacer?
A la industria le va a ayudar enormemente, como un buen viento de cola, la devaluación del peso y la recuperación de la economía de Estados Unidos. Pero, sobre todo, tenemos que, como colombianos, dedicarnos a comprar productos colombianos, a apoyar a la industria colombiana. Lo importado se va a encarecer, y eso va a ayudar, porque el mismo consumidor va escogiendo más el producto colombiano. Tenemos que reforzar esto: así como hay una campaña para ahorrar agua, debería haber una campaña para comprar confecciones y calzado de fabricación nacional.
- Las exportaciones también están a la baja...
Ahí nos va a ayudar mucho la tasa de cambio (dólar) y la economía de Estados Unidos. Tenemos que enfrentar un problema y ese son nuestros vecinos, que no van a ser los mercados más dinámicos para nuestros productos, por razones de alta dependencia del petróleo. La situación económica es más compleja con Venezuela, pero en Ecuador también hay dependencia alta del petróleo.
- ¿Satisfecho el Gobierno con el actual nivel de la tasa de cambio (dólar)?
La tasa de cambio, entre $2.300 y $2.400, es un rango con el cual nos sentimos cómodos.
- ¿Sirvió la locomotora minera?
Mucho, mucho. Permitió hacer grandes cambios en materia de lo que es la capacidad del Estado colombiano. El salto que se dio en infraestructura y en política social no se hubiera podido dar sin los recursos del petróleo. Ahora el gran reto es con petróleo a US$50, poder sostener todo eso.
- ¿A cuánto asciende el hueco por la caída de las rentas petroleras?
Este año nos quita cerca de $9 billones, de los cuales $4,5 billones los cubrimos con la reforma tributaria de diciembre pasado, y los otros $4,5 billones van a ser más déficits. Es decir, el Gobierno va a tener un déficit más alto, vamos a pasar de tener uno de 2,3% del PIB, a algo así como 2,8%.
- Para este año, ¿cuántos huecos del cinturón tenemos que ajustar y cuántos en 2016?
Creo que este año un punto y el año entrante seguramente dos puntos del cinturón. Si el petrolero sigue como está, 2016 va a ser muy duro.
- ¿Por cuánto tiempo la economía podrá aguantar la actual tasa de 4,5% del Banco de la República?
Por ahora estoy tranquilo con ese nivel de tasa de interés, espero que no tenga que ser modificada.
- Pero, ¿hay presiones inflacionarias?
Hay presiones inflacionarias, pero pasajeras. Ya se dio el efecto del aumento de la tasa de cambio, esperemos que no haya fenómeno de El Niño; no hay ninguna razón para que se incremente el precio de los alimentos. Considero que tenemos calibrado el panorama para que la inflación sea lo más cercana posible al 3%. La idea es que la inflación se acerque a la meta que ha establecido el Banco de la República.
- El Emisor habló de cuidar la institucionalidad fiscal, ¿hay algún peligro que alguien le meta la mano?
En estos escenarios de transición con menores precios del petróleo, seguramente aparecerán voces en contra de las restricciones que impone la regla fiscal. Lo que está diciendo el Banco de la República y la OCDE es que hay que defender la regla fiscal a capa y espada, porque ésta es lo que le ha dado a Colombia credibilidad, lo que le ha dado la posibilidad de mejorar la calificación de la deuda.
- La OCDE habla de dos reformas: la tributaria estructural y una pensional. ¿Por qué el Gobierno teme meterle mano a una reforma tributaria estructural?
Nosotros estamos comprometidos, lo que pasa es que ha sido un proceso gradual, pero las dos reformas han ido avanzando. El desmonte de los parafiscales, ahora se plantea el desmonte (del impuesto) al patrimonio, en fin, vamos avanzando en cambios estructurales. La OCDE nos ha dado una carta de navegación, unas ideas, lo que ellos quisieran ver en una reforma tributaria estructural, lo vamos a analizar con la comisión de expertos, y la idea es seguir presentando reformas tributarias. La (reforma) pensional está todavía muy cruda. Pero el 15 de febrero el Banco Interamericano de Desarrollo nos entregará un informe más detallado de lo que debería ser una reforma pensional.
- ¿Tenemos recursos para el posconflicto?
Sí, porque Colombia va a administrar un posconflicto primero, que no es de un día para otro, esto es un trabajo que seguramente va a tomar años y lo vamos a hacer de una forma que consulte las capacidades fiscales y las capacidades de ejecución del Estado colombiano, pero, sobre todo, vamos a tener con qué, porque es que no nos olvidemos que la paz nos va a dar un gran beneficio económico. Veo la paz no sólo algo que está cerca, algo que es determinante, que es un año decisivo, sino también algo que va a ser muy importante para la economía porque naturalmente la paz va a estimular la inversión, la paz va a generar confianza.
- ¿Desde el Gobierno se ve que se ha avanzado en el proceso de paz?
Creo que estamos en un punto no de retorno, estamos ya en un momento en el que la paz se está viendo cerca. Con que la paz nos dé un punto adicional de crecimiento sostenido por año, es el mejor negocio que puede hacer Colombia.
Registrador de Quibdó defiende a magistrado Armenta en lío de tierras
14 de Febrero de 2015
Locomotora Minera
Violencia paramilitar en norte de Colombia con supuesta vinculación de empresas mineras debe ser abordada por mesa de negociación en La Habana
7 de Febrero de 2015
Por Fernando Arellano Ortiz
Entrevista con Marianne Moor, coordinadora de la organización holandesa de defensa y promoción de derechos humanos PAX en América Latina, y coautora del revelador informe El lado oscuro del carbón. La violencia paramilitar en la zona minera del Cesar, Colombia.
El Cesar, es uno de los 32 departamentos de Colombia, situado en la zona noreste de este país. Uno de los principales ramos de su economía es la explotación de minas de carbón a cielo abierto liderada por trasnacionales como Drummond Ltd. Colombia, filial de Drummond Company Inc, con sede en Estados Unidos; y Prodeco, una empresa subsidiaria de Glencore Plc., con sede en Suiza, y en menor proporción por Colombian Natural Resources S.A.S., empresa privada controlada por el cuestionado banco de inversiones estadounidense Goldamn Sachs Group. Inc.
En septiembre de 2014 PAX editó un informe titulado El lado oscuro del carbón (que se puede descargar en archivo PDF ingresando al siguiente enlace: http://www.polodemocratico.net/index.php/noticias/insumos-para-el-debate/7578-el-lado-oscuro-del-carbon), en el que se denuncia la estremecedora ola de violencia desatada en este departamento del norte colombiano por grupos paramilitares con el supuesto apoyo de la mencionadas empresas minero-energéticas Drummond y Prodeco.
Con base en cifras oficiales, dicha investigación que puede calificarse como el informe del horror, realizado por solicitud explícita de las víctimas, hace un cálculo conservador durante el periodo comprendido entre 1996 y 2002 y establece que en esta región carbonífera colombiana los paramilitares con la supuesta colaboración financiera y logística de las citadas empresas transnacionales cometieron no menos de 2.600 asesinatos selectivos, ejecutaron masacres en las que murieron unas 500 personas, e hicieron desaparecer a más de 240 habitantes de la zona, generando más de 59 mil desplazamientos forzados, con lo cual, además, se ha produjo un fenómeno de apropiación ilegal de tierras.
Esta grave denuncia de comisión de delitos de lesa humanidad en el departamento del Cesar, PAX la viene divulgando en Europa mediante una activa campaña para llamar a la solidaridad internacional, con óptimos resultados hasta el momento.
Igualmente esta organización holandesa aspira realizar próximamente una amplia campaña de divulgación en América Latina sobre el horror paramilitar en esta región colombiana y de esta manera concitar la atención de diversos sectores sociales y organizaciones de defensa de los derechos humanos con miras a presionar para que el Estado colombiano promueva un proceso de reparación a las víctimas.
Cabe anotar que desde hace 25 años, PAX viene desarrollando un intenso trabajo de acompañamiento a las víctimas del conflicto armado en Colombia y por eso su compromiso con el país para que estos delitos de lesa humanidad no queden impunes.
Para conocer cuáles han sido las reacciones a nivel empresarial y del Estado colombiano una vez publicada la investigación, dialogamos con Marianne Moor, coautora junto con Joris van de Sandt de este informe sobre los crímenes del paramilitarismo en la zona carbonífera del departamento del Cesar.
Moor es una historiadora e investigadora social con amplio recorrido en su misión humanitaria por América Latina y desde hace varios años es la coordinadora de PAX en este hemisferio.
Mafia de jueces y abogados se estaría apropiando de extensos baldíos de la Nación
11 de Febrero de 2015
Corte Constitucional ordenó revisar 16.000 procesos de entrega de tierras para identificar posibles irregularidades. Cien mil hectáreas, en riesgo.
Caso Goldex: ¿tragedia humana?
1 de Febrero de 2015
La operación que puso fin a Goldex fue un éxito para el gobierno. Pero mostró con una tragedia humana las dos caras del negocio del oro.
John Úber Hernández, dueño de Goldex, creó una extensa red de compra de oro a través de comerciantes y pequeñas empresas a las que les adelantaba miles de millones de pesos para que compraran el metal a mejor precio. La Fiscalía cree que les compraba oro y lavaba plata a organizaciones criminales.
Ramiro Monsalve vio a su sobrino Martín Emilio por última vez el sábado de la semana pasada, minutos antes que la juez 28 de Control de Garantías ordenara un receso de la audiencia en la que legalizaba su captura y las de otras 18 personas. Su rostro estaba doblegado por la angustia y el temor, “era la cara de alguien sobrepasado por las circunstancias, de alguien que se pregunta: “¿yo qué hago aquí?’”.
Monsalve Saldarriaga había sido detenido el día anterior, junto a otros, sindicado de pertenecer a una de las más grandes redes de lavado de dinero en Colombia, pues según el propio vicefiscal general de la Nación, Jorge Perdomo, directa o indirectamente todos estaban relacionados con C. I. Goldex, empresa que habría lavado más de 2,3 billones de pesos a través de operaciones con oro en los últimos siete años. Goldex era la segunda exportadora de oro del país.
A pesar del alto número de capturados, todas las miradas y acusaciones se centraron sobre John Úber Hernández Santa, dueño de Goldex, un empresario paisa que en pocos años hizo todo un emporio. Su dorada carrera se frenó el año pasado cuando aceptó haberle vendido a Jairo de Jesús Rendón Herrera, hermano de alias Don Mario, 13.000 millones de pesos en oro, lo que abría la posibilidad de que detrás de la compra, venta y exportaciones de este metal podía haber actividades delictivas. John Úber aceptó que había tenido relaciones con Rendón Herrera, pero dijo que para el momento de la venta, no tenía requerimientos de la Justicia. Desde ese momento, la Fiscalía, la Dian y la UIAF aceleraron las investigaciones contra Goldex.
En medio de la noticia de la captura múltiple en Medellín, Santa Fe de Antioquia, Buriticá, Itagüí, Riosucio, Cali, sur de Bolívar y Riohacha, así como del desmonte de Goldex, se encontraba Martín Emilio Monsalve, un ingeniero químico de 38 años especializado en finanzas, formado en la Universidad Pontificia Bolivariana y casado hacía apenas mes y medio. Era el único detenido que intentaba taparse la cara con un suéter.
Según la Fiscalía, hace cuatro años Monsalve era dueño de una pequeña comercializadora de oro que hizo millonarias transacciones con Goldex, supuestamente en forma irregular. Sin embargo, María Consuelo Monsalve, su prima, recuerda haberle oído que cerró la empresa porque le estaba yendo mal. Luego, Martín se fue a trabajar a una fábrica de papeles en Barbosa (Antioquia), después renunció para probar suerte en Venezuela, hasta que decidió radicarse de nuevo en Medellín. Del oro nunca más volvió a saber, hasta que fue detenido.
A eso de la una de la tarde del sábado 17 de enero la jueza anunció un receso para que abogados, fiscales, procesados y familiares almorzaran. El protocolo indicaba que los custodios, en este caso agentes del CTI, debían conducir a los implicados hasta los sótanos del Palacio para que tomaran sus alimentos. Pero inexplicablemente decidieron llevarlos a un cuarto contiguo a la sala de audiencias. De un momento a otro Monsalve se lanzó por la ventana. Su cuerpo quedó 18 pisos abajo junto a las escalinatas de acceso al complejo, en medio de los gritos de pavor de los testigos. La Fiscalía ni siquiera le alcanzó a imputar los cargos en su contra: concierto para delinquir, lavado de activos, falsedad en documento público y fraude procesal.
¿Cómo es que un hombre de clase media, que aún estaba pagando un apartamento y un carro, terminó metido en un lío de semejantes proporciones? Aunque se llevó las respuestas con su acto desesperado, su caso puede ser similar al de los otros capturados que deben demostrar si sabían o no que Goldex supuestamente les compraba oro a organizaciones ilegales y lavaba dinero.
La tesis de la Fiscalía es que John Úber Hernández era el cerebro de una estructura financiera y económica de enormes proporciones, mediante la cual lavó activos de la mafia en operaciones de comercio exterior aparentemente legales. En los últimos cinco años, Goldex exportó unas 40 toneladas de oro bruto. Goldex enganchó a cientos de comercializadoras y compraventas en el país, especialmente en zonas auríferas como el Bajo Cauca, nordeste antioqueño o el Atrato chocoano. A estos pequeños comerciantes y empresas les giraba millonarios anticipos para que tuvieran dinero para comprarles a un mejor precio a los mineros que llegaban a negociar su oro. Goldex no exigía garantías ni respaldos. Uno de ellos era Monsalve, quien tenía una comercializadora en Segovia y Remedios (Antioquia), una actividad tradicional en su familia.
La Fiscalía fácilmente se percató de que Goldex comercializaba cantidades de oro que no correspondían con la capacidad económica ni de producción de los proveedores. Algunos eran chuzos que ni siquiera tenían trabajadores. Además de eso se pudo evidenciar en los libros contables que muchos de los que supuestamente llegaban a vender a las compraventas eran personas fallecidas, con cédulas canceladas o inexistentes.
Por ejemplo, la Fiscalía investigó a la compañía Brisas del Tigüí Ltda., creada en 2008, en El Bagre (Antioquia), con un capital de 2.800.000 pesos. Encontró que en su segundo año reportó ingresos operacionales por 132.000 millones de pesos sin contratar a un solo empleado. En los libros auxiliares que el propio John Úber le entregó a la Fiscalía, se leía que Brisas del Tigüí en un solo día le vendió a Goldex 3.922 millones de pesos en oro.
La Fiscalía cree que en esa enorme cantidad de dinero hubo plata de las bandas criminales. Para nadie es un secreto que los grupos armados hacen presencia en las zonas de extracción minera donde cobran vacunas y hasta explotan, ellos mismos, el negocio.
¿Martín Emilio Monsalve y los otros 18 capturados tenían el mismo nivel de responsabilidad que John Úber? ¿Estaban enterados de lo que Goldex reportaba de ellos a las autoridades? Los familiares de Martín no lo creen y dicen que el Estado tiene que responder por su muerte. El abogado Luis Fernando Neira, quien iba a defenderlo, dice que su cliente no aguantó el escarnio público y entró en pánico cuando le contaron que por televisión el vicefiscal general y el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, estaban diciendo que los capturados podían enfrentarse a penas de hasta 30 años. “Ya los estaban condenando desde los micrófonos”, reclama Neira.
La defensa de otros dos imputados alega que el caso de John Úber Hernández es distinto del de los dueños de las comercializadoras o compraventas. La mayoría de los capturados no registra antecedentes penales ni grandes patrimonios. “El negocio del oro siempre ha sido informal. De 100 millones de pesos por venta de oro, a la comercializadora le quedan 400.000 pesos o incluso menos. Por eso casi todos los capturados que usted ve aquí son gente que no tiene plata. ¿Que hubo irregularidades contables? Sí, es verdad. Pero de ahí a decir que todos son criminales hay un trecho muy grande”, es lo que dice uno de los abogados defensores.
Entre tanto, el jueves la juez de Control de Garantías decretó la libertad de dos de los capturados: Andrés Gaviria y Filiberto Hoyos Piedrahíta, dos mineros informales. Al resto de imputados les fue dictada una medida de aseguramiento con detención domiciliaria. Todo ello quiere decir que Martín Emilio Monsalve, si no hubiera entrado en pánico, habría podido enfrentar su situación jurídica desde su casa, al lado de su esposa.
Clamor caucano contra la minería ilegal
15 de Febrero de 2015
Grupos étnicos se unen para frenar la explotación de oro.
En un acto de solidaridad, más de 200 indígenas nasas marcharon este fin de semana, en compañía de pueblos afros, para pedir que detengan la actividad.
Por: Sergio Silva Numa
Foto: AFP
Así se ve la minería ilegal de oro en el norte del Cauca.
Una de las últimas amenazas que recibieron los habitantes de La Toma, corregimiento del municipio de Suárez, Cauca, les llegó vía celular el pasado 8 de febrero. “Ya tenemos ubicados a todos los sapos de La Toma que se oponen al desarrollo de la comunidad, a que la gente trabaje. Hacen quemar las máquinas. Ya sabemos cómo se mueven las cabezas y sus familias. Tenemos órdenes del sur del Valle del Cauca de limpieza a los que cierran las vías”.
El par de párrafos, que habían llegado por un mensaje de texto y estaban firmados por las Águilas Negras, también mencionaban como blanco a Sabino Lucumí Chocó, presidente del Consejo Comunitario, y a los líderes Eduar Mina, John Jairo Valverde y Francia Márquez. Era una advertencia más en medio de las muchas que han recibido en los últimos meses los pobladores de Suárez por oponerse a la minería ilegal. Una actividad que este fin de semana unió en una protesta a indígenas nasas, campesinos y pueblos afros.
“Hicimos una minga en defensa del territorio, del río Ovejas, porque la minería está destruyendo lo que es nuestro. Es una marcha en solidaridad con los pobladores de Suárez y Buenos Aires. Ellos han tenido que ver cómo desplazan a 17 familias y cómo el río, que es donde también nosotros pescamos, empieza a contaminarse. Nos unimos para de una vez por todas proteger nuestros recursos”.
Quien habla es Andrés Almendra, uno de los líderes nasa del territorio ancestral Sat Tama Kiwe. Él, junto con integrantes del resguardo de la laguna de Siberia y otros cinco resguardos indígenas más, organizó esa caminata de tres días que arrancó el viernes en la vereda Puente Real, en la vía Panamericana, y desembocó ayer en Suárez y Buenos Aires, al norte del Cauca. Su iniciativa no es más que un intento por poner fin a un problema que empezó a afectar a las comunidades afros en agosto de 2014 y que pese a innumerables reuniones con las autoridades, nadie ha podido contener.
Desde entonces la región se ha llenado de acentos paisas, cachacos y pastusos que no dejan de preguntar por el oro. Para encontrarlo han invadido con varias retroexcavadoras —y con metrallas y amenazas— el río Ovejas. Su insistencia ha hecho que el Cauca se convierta en un epicentro minero. Como lo reportó en abril de 2014 la Universidad Javeriana (Cali), en el informe “Contexto minero colombiano y regional del norte del Cauca”, a 2012 se habían otorgado 241 títulos para explorar 350 mil hectáreas. Otras 652 solicitudes estaban en marcha. Esa cantidad comprometía el 50% del departamento.
Los intentos para alejar esas máquinas, que han removido las tierras y han menguado la pesca, no han sido pocos. Por ejemplo, el 1° de octubre el Consejo Comunitario de La Toma se reunió con la Gobernación, la Defensoría, la Alcaldía y los ministerios de Minas, Interior y Medio Ambiente, para evitar que el panorama de Chocó y del norte antioqueño se empezara a replicar en su territorio. Las promesas, cuentan, quedaron en veremos.
En ese mismo estado han permanecido los compromisos que lograron firmar con los mismos ministerios el 11 y 12 del pasado diciembre en Bogotá. Aquella vez 60 mujeres y 26 integrantes de la Guardia Cimarrona viajaron hasta la capital en un intento desesperado por hacer cumplir los pactos. Las amenazas, le dijo por esos días a El Espectador Francia Márquez, “nos están agobiando. Ellos nos están quitando nuestros recursos para la pesca y la minería artesanal”.
Pero en palabras de Charo Mina, otra líder de la comunidad afro, muy poco se ha cumplido. “Ya han pasado dos meses desde esos acuerdos y aún no hay resultados. Las autoridades se comprometieron a hacer operativos de desmantelamiento de la minería ilegal, a promover reparaciones para nuestros barequeros y a cumplir la sentencia T-1045A de 2010 que los obliga a suspender la actividad minera. Pero nada se ha hecho y la respuesta del Ministerio del Interior ha sido esquiva. Ahora resulta que ya tenemos desplazamiento forzado y más amenazas. Por todo eso es que se ha hecho esta minga, que no es más que una acción de solidaridad interétnica promovida por los indígenas”, dice Mina.
Este último recurso llega después de que varios académicos se sumaran a la voz de protesta. Con una carta dirigida al presidente Santos en 2014 habían advertido el inminente riesgo. “Somos un grupo de académicos, intelectuales y estudiosos del Pacífico. Nos une una profunda preocupación por la grave situación actual de la región y su impacto sobre las comunidades negras e indígenas”, escribían investigadores del Instituto Pensar, del Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos, del Instituto de Estudios Ambientales de la U. Nacional, del Instituto de Bioética de la Javeriana y del Observatorio de Expansión Minera y Resistencias.
De hecho, en un informe del pasado 29 de enero, la Defensoría del Pueblo ratifica lo contado por Mina, Márquez y Almendra. “Funcionarios —se lee en el documento— evidenciaron la destrucción que sufren los ríos Ovejas, Teta y Quinamayó, cuyo cauce ha sido desviado. Sus aguas están profundamente contaminadas por la remoción de tierras, la formación de montañas con material estéril y el vertimiento de sustancias químicas. Asimismo, la Defensoría tuvo conocimiento sobre nuevas amenazas contra líderes sociales, sentenciándolos a morir si insisten en oponerse a la minería ilegal”.
Sin embargo, para Maritza Mosquera, directora de Asuntos de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Mininterior, “esta cartera ha estado muy atenta a cumplir los compromisos pactados. El 22, 23 y 24 enero viajamos a Suárez para concertar una ruta metodológica. Pero fue difícil llegar a un acuerdo porque la comunidad nos pide más de 40 reuniones en la primera fase. Nosotros tenemos más un papel de coordinador con las otras instituciones para que cumplan”.
Y uno de los que más responsabilidad tiene es el Minminas, que debe hacer, entre otras cosas, un censo de mineros artesanales y suspender los títulos otorgados. El Espectador intentó contactarse sin éxito con alguno de sus voceros.
Pero Aída Quiñones, profesora de la Javeriana, integrante del Observatorio de Expansión Minera y quien ha acompañado a las mujeres caucanas en este largo proceso, ve el tema con otro ojos. “Las respuestas de las autoridades han sido inocuas, vacías. La Policía sí ha hecho operativos, pero también ha puesto en riesgo a los pobladores. Cada vez que los hacen aparecen más amenazas. No hay un operativo integral ni un seguimiento”, asegura.
Ese último, justamente, ha sido uno de los mayores inconvenientes. Tan intermitente ha sido la intervención de las autoridades, que el 29 de diciembre la población decidió confrontar a los mineros ilegales y sacar las retroexcavadoras con sus manos. “Pero eso —cuenta Charo— de muy poco sirve. Ya hay rumores de que otras 15 retros se movilizaban hacia el Ovejas. También se sabe que no demoran en llegar otras tantas a Santander de Quilichao”.
El sábado, como le contó a este diario una fuente de la Fiscalía, hubo consejo de seguridad en la zona, citado por el secretario de Gobierno municipal. Ese mismo día la Policía capturó a varios mineros ilegales. Entre el afán también se llevó por error a tres barequeros. No tuvo más remedio que liberarlos luego y pedir perdón.
@SergioSilva03
Proceso de Paz
Los 902 bienes que le quieren quitar a las Farc
12 de Febrero de 2015
Serán destinados para reparar a las víctimas del posconflicto
La Fiscalía está construyendo un inventario de las propiedades de la guerrilla. La mitad de ellas están avaluadas en más de $75.000 millones.
Una de las temáticas más delicadas en la mesa de diálogos de paz en La Habana (Cuba) es la de las víctimas. Más aún, el cómo serán reparadas. Mientras el Gobierno y las Farc avanzan en la discusión de este punto, la Dirección de Extinción de Dominio de la Fiscalía construye un inventario de las propiedades de esa guerrilla que eventualmente podrían destinarse a la reparación económica en un eventual posconflicto. Un total de 902 bienes fueron rastreados por el ente investigador. Más de la mitad de estos ya están avaluados por $75.810’830.959.
Estos datos están consignados en un informe de gestión que fue entregado al despacho del vicefiscal general en la última semana de 2014. En estos momentos la Fiscalía está desarrollando un proceso de planeación estratégica para responder a los retos del posconflicto y una de las estrategias principales es perseguir los bienes de las Farc que están en el país y el extranjero. Fuentes del ente investigador precisaron que ya se han encontrado cuentas bancarias, productos financieros y propiedades de la guerrilla en países de Centroamérica y Europa.
Aunado a esto están los reportes de las finanzas de las Farc que han realizado las Fuerzas Armadas. Según reveló este diario el 8 de octubre de 2014, las autoridades hallaron una serie de correos electrónicos entre los jefes guerrilleros Carlos Antonio Lozada y Mauricio —este último miembro del Secretariado—. Al analizar las comunicaciones se estableció que el bloque Oriental tenía un capital calculado en tierras y ganado de $60 mil millones. Asimismo, que en sus filas estaban 4.000 hombres, organizados en 37 frentes, tres columnas y 15 compañías móviles en Caquetá, Guaviare, Meta, Vichada, Guainía Casanare, Norte de Santander y otros cuatro departamentos.
Es tal la importancia del bloque Oriental para las Farc, que las autoridades lo consideran el de mayor recursos económicos. Tanto así, que entre el inventario realizado por la Fiscalía, varios de los expedientes son de frentes que pertenecen a esta estructura. La Dirección de Extinción de Dominio precisó que tiene 48 procesos que buscan recuperar 496 bienes —avaluados en más de $75 mil millones— en manos del bloque Oriental. La fortuna la han logrado amasar gracias a la compra de tierras, inmuebles, vehículos y acciones.
Uno de los procesos que adelanta la Fiscalía en estos momentos es contra el frente 43 de las Farc, que opera en la zona céntrica del Meta y que fue uno de los principales socios de Daniel Barrera, alias el Loco, en el tema de lavado de activos. En su poder tiene inversiones en 25 empresas por más de $1.300 millones, predios rurales avaluados en casi $3.400 millones y automotores valorados en $550 millones. Otras de las estructuras que tienen bienes son los emblemáticos frente I y frente XVI —han sido comandados por Timochenko, Grannobles y el Negro Acacio—, que operan en Guaviare, Caquetá y Vichada. Ambos grupos tienen más de 25 propiedades, que tienen un valor comercial de más de $1.300 millones.
La Dirección de Extinción de Dominio tiene registrados varios bienes de las Farc, pero no ha logrado establecer a qué estructura pertenecen. Por ejemplo, tiene documentado que la guerrilla ha manejado establecimientos de comercio con activos de $1.600 millones, ha comprado acciones en cuatro empresas por un valor de $202 millones, tiene 80 predios rurales que superan los $33 mil millones —la propiedad más cara es de $4.500 millones—; a nivel urbano tiene 64 inmuebles avaluados en $3.200 millones; y tiene vehículos y embarcaciones que sobrepasan los $690 millones.
Entre los bienes que ha logrado recuperar la Fiscalía también hay dinero en efectivo. Según el informe conocido por este diario, tan solo le han podido arrebatar a las Farc $1.147 millones. A pesar de que en los correos electrónicos que se cruzaron distintos comandantes del bloque Oriental en 2014 —en los que se advierte que si continúan vendiendo 2.000 reses cada cuatro meses sólo tendrán recursos por tan solo un año y medio más— se denota preocupación, las autoridades han establecido que gracias a la compra y venta de animales manejan recursos por $29.306 millones. Igual sucede con las tierras pues, según una comunicación de agosto de 2009, tienen en su poder 203 mil hectáreas, avaluadas en $66.153 millones.
Para la Fiscalía es de vital importancia tener un consolidado de los bienes de las Farc, ya que quieren evitar a toda costa que se repita la situación de Justicia y Paz, en la que varios desmovilizados ocultaron sus propiedades o las entregaron a entidades estatales que las dejaron en ruinas, al punto que han perdido más del 50% de su valor comercial. Y es que el reporte de la Dirección de Extinción de Dominio precisó que en la Dirección de Justicia Transicional —antes Unidad de Justicia y Paz— hay 406 bienes de las Farc que han sido afectados. Hasta el momento se le ha dictado medida cautelar a 38, mientras que 339 siguen en etapa de investigación.
Al margen de los problemas que pueda tener la persecución de bienes, la Fiscalía ya comenzó con la dispendiosa labor de encontrar los bienes en los que las Farc escondieron sus fortunas producto de los secuestros, las extorsiones, la minería ilegal y el narcotráfico. No en vano ya hay un consolidado de 902 bienes que podrían contribuir a reparar a las víctimas que, más allá de una reparación simbólica, necesitan recuperar lo que muchos perdieron a causa de la guerra. Varios se quedaron sin sus tierras, sin sus animales o sin sus familiares. Aún no hay una cifra final para saber la cantidad de dinero que pueda sanar las heridas de más de una década de conflicto.
Ver noticia completa:
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/los-902-bienes-le-quieren-quitar-farc-articulo-543579
¡Que alguien salve el Atrato!
8 de Febrero de 2015
Las comunidades negras asentadas en la cuenca del río chocoano demandaron a 26 entidades del Estado por no actuar frente a los desastres ambientales causados por la minería y la tala indiscriminada del bosque.
Por: Angélica María Cuevas Guarnizo
La explotación minera sobre la cuenca del rio Atrato ha modificado el paisaje. En la imagen, una panorámica del rio Quito, afluente del Atrato. / Steve Cagan
El 27 de enero de 2015 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca recibió una caravana de abogados y líderes comunitarios a los que no les cabían en las manos los 26 bloques de papel de 514 páginas. Los documentos contenían las copias de la acción de tutela que interpondrían en contra de 26 entidades del Estado, entre ellas los ministerios de Ambiente, de Minas y de Salud, las gobernaciones de Antioquia y Chocó y las alcaldías locales.
Esa tutela, que fue admitida el mismo día por el juzgado, resume la voz de por lo menos 75.000 afrodescendientes que están pidiendo que los gobernantes de Colombia se ocupen del desastre ambiental en la cuenca del río Atrato, en el Chocó.
El territorio del que dependen estas familias está siendo arrasado por la maquinaria minera y su obsesión por el oro y el platino, las enfermedades relacionadas con la contaminación del agua, la tala indiscriminada y la ausencia del Gobierno. Los afluentes del Atrato han sido desviados por dragas y buldóceres, el agua concentra elevadas dosis de mercurio, los peces se mueren por multitudes y la gente enferma se multiplica.
A pesar de los esfuerzos por visibilizar los problemas que afectan la cuenca completa del río Atrato, que vienen empeorando desde hace diez años, las cuatro acciones populares interpuestas, desde 2011, continúan sin ser resueltas.
No se han escuchado los llamados de la Contraloría local y tampoco los de Codechocó, autoridad ambiental. Nadie ha respondido a los detallados informes en los que la Defensoría del Pueblo ha descrito cómo la gente se está intoxicando con el agua que beben en Lloró, Atrato, Istmina y Pizarro, y cómo se están muriendo los niños en Buena Vista, Bajo Grande y Quiparadó.
Pero los afros no se cansan de insistirle al Estado que intervenga, y no se cansan porque saben que lo que está en juego es su alimentación, la tierra que les pertenece y les heredarán a sus hijos. Así que como respuesta a esa indiferencia, y mediante un proceso de organización social sin precedentes en el Chocó, dos consejos comunitarios de afrodescendientes —el Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular Campesina del Alto Atrato (Cocomopoca) y el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato (Cocomacia)—, dueños de 768.300 hectáreas ubicadas sobre toda la cuenca del Atrato, se unieron al Foro Interétnico Solidaridad Chocó (Fisch) y a la Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones del Bajo Atrato (Ascoba) para interponer una acción de tutela con la que le están exigiendo al Estado que les garantice el derecho a la vida y al ambiente sano.
Acompañados de las abogadas Ximena González y Carla Henríquez, de la ONG Tierra Digna, los representantes de 180 consejos comunitarios locales dejaron a un lado las diferencias para sumarse al proceso jurídico enfocado en proteger sus territorios.
Aunque el Chocó ha tenido una histórica tradición de minería artesanal, a finales de los 90 la llegada de métodos mecánicos de extracción de oro y platino al Atrato y sus afluentes les abrió la puerta dragas brasileñas y retroexcavadoras que en 20 años destrozaron el paisaje de afluentes como los ríos Quito, Bebará y río Bebaramá, cambiando sus cauces y entregándoles toneladas de mercurio contaminante.
El avance de la minería ilegal, en poder de guerrilleros de los frentes 57 y 34 de las Farc, de bandas criminales como los Urabeños y particulares, ha sido tan acelerado que a diciembre de 2013 Codechocó detectó 54 dragas trabajando en la explotación aurífera en todo el Chocó, un aumento de 184% en comparación con las registradas en 2012.
Dentro de los principales focos de explotación aparecieron los municipios de Lloró, Bagadó, Atrato, Dagua, Nóvita, Sipí, Medio Baudó, Quibdó, Condoto, Atrato, Istmina, Acandí, Carmen del Darién, Riosucio y Unguía.
“Las denuncias sobre malformaciones en recién nacidos son cada vez más comunes. Dentro de las peticiones está que se realice un diagnóstico del estado de salud de los habitantes y de la calidad del agua”, explica Ximena González.
Otra de las peticiones es que se declare una moratoria de todas las actividades que están afectando la cuenca del río Atrato, entre las que se encuentra la comercialización de madera. Para las comunidades, “la falta de acompañamiento de las autoridades ambientales ha permitido que empresas privadas como Maderas del Darién se aprovechen de los recursos que les pertenecen a los consejos comunitarios. Es tan costoso tramitar un permiso, que la empresa termina pagándoles a los consejos para que presten el nombre y así la compañía termina explotando el recurso. Es un problema histórico sobre el que no ha habido soluciones para la comunidad”, dice el abogado Richard Moreno, especialista en derecho ambiental de la Universidad Externado y coordinador del Fisch.
Entidades como la Defensoría del Pueblo han identificado que los bosques más afectados en el Chocó por la industria forestal han sido los guandales y los cativales, localizados en la parte media y baja del Atrato. También aparecen las ciénagas de Panezo (en La Boba), Chicaravia, La Redonda (en el Tigre) y Bellavista. En 2012, este ente de control evidenció la degradación irreversible de los humedales Balsa, Salaquí, Cacarica y Curbaradó como consecuencia directa de la explotación forestal.
“Los políticos quieren entregarle nuestro terreno a la minería a gran escala, en lugar de pensar que de ese río depende nuestra vida. Necesitamos protección, sólo pedimos que se nos respeten nuestros derechos colectivos”, dice el abogado Richard Moreno.
Moreno, quien nació en Tanguí, a orillas del Atrato, y desde joven se convirtió en líder comunal motivado por la Diócesis de Quibdó, reconoce que esta acción de tutela no sólo es impactante, pues representa la violación de los derechos de al menos 75.000 personas, sino que revela como los proyectos de restauración de derechos en el Chocó, emprendidos por diferentes organizaciones sin ánimo de lucro están surtiendo efectos.
“Cuando les presentamos a las comunidades esta demanda, nos respaldaron por completo. Es que son más de trece años de formación y acompañamiento permanente por parte de instituciones como Tierra Digna”.
Esta organización, liderada en su mayoría por abogadas defensoras de derechos humanos, logró instalar para este proceso una mesa regional donde trabajan ocho abogados locales haciéndole seguimiento al caso.
“Aunque sabemos que es más efectivo presentar la demanda ante un tribunal en Cundinamarca, estamos convencidas de que se pueden fortalecer los procesos regionales de defensa”, dice la abogada Ximena González.
Si esta discusión trasciende como esperan los demandantes, la pregunta que queda es si, con este nivel de degradación, es posible recuperar la salud del río Atrato. Como parte del seguimiento a este caso, Tierra Digna trabaja en la identificación de grupos de investigación colombianos que ya comienzan a elaborar estrategias para salvarlo.
El enigma de Pacific Rubiales
7 de Febrero de 2015
De cómo la principal empresa privada del sector de los hidrocarburos en Colombia pasó de la bonanza petrolera a una situación de ajustes.
Por: Norbey Quevedo Hernández
Según cifras de Pacific Rubiales, el año pasado extrajeron 148.000 barriles diarios y aspiran a que en 2016 sean 162.000
Por estos días no hay encuentro entre inversionistas, reunión social, cotilleo entre periodistas o comentario empresarial que no tenga un denominador común: la verdadera situación del emporio petrolero Pacific Rubiales. Se trata del caso de la quinta empresa más grande del país, que sorpresivamente y en pocos meses pasó de la bonanza a un apretado ajuste de cinturón. Por eso, su futuro está rodeado de varios enigmas, al tiempo que sus directivos dan un parte de tranquilidad.
La situación de la multinacional de los hidrocarburos tiene a los organismos de control con las alarmas prendidas y evaluando casi a diario el comportamiento de sus movimientos financieros y bursátiles. A mediados de esta semana, la Bolsa de Valores de Colombia ordenó aumentar las garantías para hacer operaciones con acciones de la compañía. La Superintendencia Financiera ratificó que está haciendo seguimiento con lupa al descenso del precio de la acción. La Superintendencia de Sociedades explicó que hay un monitoreo financiero y jurídico a Pacific Rubiales. En cuanto a las comisionistas de bolsa, algunas como Ultrabursátiles no recomiendan adquirir acciones de la petrolera.
En el ámbito laboral, un pronunciamiento de la Unión Sindical Obrera (USO) dio cuenta del despido de 7.000 contratistas de la petrolera, un asunto que obligó a la intervención del ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, quien anunció que está estudiando una salida a la crisis. A esto se suma la preocupación de varios proveedores de la firma que le informaron a El Espectador que en unos casos fueron llamados para cancelar sus contratos, en otros para replantear sus condiciones y en los demás, como no había sucedido nunca, hubo demora en los pagos de sus servicios.
La historia de lo que se conoce como un milagro empresarial data de 2003, cuando un grupo de cuatro profesionales venezolanos, inconformes con las políticas económicas del presidente Hugo Chávez y aprovechando la creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, decidieron probar suerte en Colombia. A Ronald Pantin, Miguel de la Campa, José Francisco Arata y Serafino Iacono, conocedores de los secretos de la estatal Pdvsa, les sonó la flauta, tanto que un año después su empresa ya estaba cotizando en la Bolsa de Valores de Toronto (Canadá).
Aunque desde 1995 ya le habían puesto el ojo a Colombia, con proyectos como la exploración del campo de gas La Creciente (Sucre), en 2007 encontraron la gallina de los huevos de oro: Campo Rubiales, en Puerto Gaitán (Meta). En un solo año perforaron 71 pozos aplicando las técnicas utilizadas en Pdvsa. En los años siguientes la producción creció exponencialmente y el negocio se extendió a diversas actividades en oro, carbón, energía, cultivos, medios de comunicación y hasta equipo de fútbol. En 2011 la compañía registró US$554 millones de utilidades y una producción diaria de 218.450 barriles de crudo.
En medio de la bonanza empezaron a surgir problemas. El 2 de septiembre de 2011 la Superintendencia de Sociedades abrió investigación administrativa contra Pacific. Sus propietarios, en medio del auge empresarial, olvidaron registrar varias sociedades que crearon. La investigación culmino el 2 de febrero de 2012 y el organismo de control impuso sanciones por $100 millones a Pacific Rubiales Energy, Pacific Infraestructure, Pacific Coal Resources y Pacific Power Generation, por registrar de manera extemporánea su situación de control sobre varias subordinadas en la Cámara de Comercio, que habían sido creadas a mediados de 2008.
Esa sanción, protestas de trabajadores de empresas contratistas de Campo Rubiales, visitas de la DIAN para verificar el pago de impuestos de renta y ventas, reportes de la Contraloría y diferencias con Ecopetrol por el contrato de explotación del bloque Quifa, pusieron a la petrolera en el ojo del huracán. Al punto que la pelea se puso al rojo vivo entre los abogados representantes de Pacific, Néstor Humberto Martínez y Jaime Lombana, contra las decisiones del entonces superintendente de Sociedades, Luis Guillermo Vélez.
Pese a las dificultades, la empresa se siguió extendiendo. Todo sobre la base de una producción de crudo estable y precios del barril por encima de los US$100. De esta manera, en mayo de 2012 adquirió Petromagdalena y en septiembre de 2013 compró Petrominerales, para citar dos ejemplos. Una bonanza que seguía dando para todo: viajes internacionales, exóticas fiestas, publicidad a granel, nombramientos de encumbrados y costosos asesores para todo tipo de gestiones, patrocinios en múltiples eventos sociales y deportivos y una serie de obras a través de un fortalecido equipo de programas en responsabilidad social.
Pero fue en junio del año pasado cuando las cosas empezaron a tomar un rumbo diferente. En los mercados bursátiles internacionales más representativos en el mundo, Nueva York y Londres, el barril de crudo superaba los US$100. Entre tanto, en el mercado colombiano la acción de la petrolera Pacific Rubiales se tasaba en cerca de $41.500.
Sin embargo, desde mediados del año pasado los precios internacionales del petróleo empezaron a caer de manera significativa. Al cierre de esta edición el barril de petróleo se cotizaba en US$57,80 y la acción de Pacific Rubiales llegó a los $9.190, con una ligera variación a la baja.
Según los expertos en el tema, la caída internacional en los precios del petróleo obedece a que hay una desaceleración de la economía en los países de la Unión Europea y disminución de las metas de crecimiento para la China. Esta situación ha generado un conflicto interno en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y Arabia Saudita por continuar manteniendo su participación en el mercado, lo que ha generado que los precios caigan en picada.
Con la disminución de los precios, todas la previsiones económicas empezaron a variar y lentamente y, como en un castillo de naipes, desde gobiernos hasta muchos empresarios de los hidrocarburos manejan una fuerte tensión por la incertidumbre de un mercado que según las proyecciones del Gobierno, la Administración de Energía de Estados Unidos y la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP) mantendrá en este y el año entrante un precio por barril que oscilará entre los US$54 y US$71.
Tres hechos significativos han marcado el nerviosismo entre los empresarios de los hidrocarburos. Según la ACP, varias compañías del sector están cerrando pozos y campos de producción que generan una baja rentabilidad. En los últimos meses, a la Superintendencia de Sociedades acudieron cerca de 15 empresas petroleras con el propósito de iniciar gestiones para ingresar en la ley de reorganización empresarial. En el caso de Pacific Rubiales, El Espectador conoció que hace dos semanas, en una reunión de directivos, uno de ellos expresó su preocupación y manifestó sus dudas frente a los resultados financieros de la empresa a finales del año.
En cuanto al Gobierno, a través de los ministerios de Hacienda y Minas se ha señalado que por los precios se han disminuido las metas de crecimiento del país y se prepara un plan de choque que tiene como propósito mantener la producción de crudo, buscar una solución efectiva a los despidos de trabajadores de la industria y reducción de los costos en el sector y en la estatal Ecopetrol, que también ha sufrido los impactos de la crisis.
Hoy, Pacific Rubiales tiene varios clientes a quienes responderles. Canadienses que tienen bonos por US$4.000 millones. Accionistas que casi en un 90% son también canadienses. El otro 10% corresponde a comisionistas de bolsa y sus clientes y en una pequeña proporción personas naturales en Colombia.
Sin embargo, inquietan los conceptos de varios expertos que coinciden en que Pacific podría entrar en cesación de pagos en razón a que la compañía tiene alto nivel de endeudamiento y la caída en los precios del crudo le puede generar un grave problema de iliquidez. A ello se suma la declaración de cesación de pagos (default) de su socia Gran Colombia Gold. Con un factor adicional y es que no se sabe qué va a pasar con la ampliación del tiempo para operar Campo Rubiales, el negocio con el cual se volvieron exitosos. También el hecho de que consideran que la empresa ha sido poco austera.
Desde hace tres semanas los directivos de la compañía han salido públicamente a afrontar la situación. Han señalado que están tranquilos, que ya han tomado medidas de choque y que tienen una compañía sólida para afrontar la situación. Pese a ello, el futuro de la exitosa Pacific Rubiales es un enigma y el país aún no olvida el drama de Interbolsa.
Los vigilantes
Gerardo Hernández - Superintendente Financiero
“Hemos intensificado las acciones de vigilancia en el caso de Pacific, pidiendo información, supervisando y requiriendo a sus directivos para que informen al mercado sus transacciones, y han cumplido los requerimientos”.
Juan Pablo Córdoba - Presidente de la Bolsa de Valores de Colombia
En carta del 3 de febrero la entidad señaló: “Se informa que a partir del próximo 4 de febrero el porcentaje de castigo aplicable a las operaciones repo sobre la especie PREC es de 40% y el porcentaje de cobertura para operaciones TTV sobre dicha especie es de 140%”.
Francisco Reyes - Superintendente de Sociedades
“Estamos muy pendientes de la situación de Pacific, ejerciendo funciones de monitoreo financiero y jurídico dentro de nuestras competencias”.
Respuestas de Pacific Rubiales
¿Cuál es la real situación financiera de la compañía, por qué se habla de un alto endeudamiento?
La situación financiera de Pacific está bajo control. A pesar de varios rumores del mercado, toda la deuda importante que teníamos a corto plazo la diferimos en el largo plazo. En bonos, nuestro endeudamiento asciende a 4.000 millones de dólares que se vencen en 4 etapas, la primera solo hasta el año 2019, y luego vencimientos en 2021, 2023 y 2025, con lo cual tenemos despejado ese horizonte durante un buen tiempo. Le doy una noticia, esta semana que terminó acabamos de pagar la mayor parte de la deuda de Pacific con la banca colombiana a pesar de falsas afirmaciones sobre la posibilidad de no hacerlo.
En cuanto al endeudamiento, a la fecha nuestro índice de deuda/Ebitda es aproximadamente 1,7:1, muy por debajo de la restricción (la mitad) establecida en los acuerdos de emisión que es de 3,5:1. Es decir que con las cifras actuales, podríamos subir a más de 5.000 millones nuestro endeudamiento, pero por ahora no necesitamos más créditos.
¿A qué se debe la volatilidad de la acción y su reducción de precio en el último año?
El comportamiento de la acción de Pacific, así como el de la gran mayoría de las compañías petroleras listadas en bolsa, está totalmente ligado a la caída del precio internacional del petróleo. Esta semana se pudo ver con claridad que cuando el precio internacional del petróleo sube, las acciones van al alza y por eso las tres empresas petroleras listadas en la bolsa de Colombia, recuperaron gran parte del terreno que habíamos perdido desde que empezó el año.
¿Qué está pasando en el tema laboral, la USO habla de 7.000 despidos?
Pacific tiene aproximadamente 3.150 empleados que no se han visto afectados. Ni uno solo de ellos está afiliado al sindicato de la USO. Dada la coyuntura de precios Pacific, como todas las compañías del sector, hemos anunciado el aplazamiento de algunos proyectos con el objetivo de concentrar todos los recursos en mantener y aumentar la producción de crudo y por ello, muchas obras dentro de los campos se han visto afectadas. Lo anterior conduce a la no contratación de empresas de servicios (como construcción de vías, infraestructura eléctrica, construcción de tanques, entre otras), que son las generadoras de estos empleos y son quienes deciden la reubicación o no de las personas.
Sin embargo, conscientes del impacto de la coyuntura petrolera, la compañía está trabajando junto con el Ministerio de Trabajo; el sindicato de la UTEN (que agrupa a más del 50% de los empleados de Pacific y un importante número de empleados de compañías contratistas), y los gremios del sector en la evaluación de medidas que permitan hacer frente a las crisis e impactar de la menor manera posible el talento humano.
Varios contratistas se quejan de retraso en los pagos y renegociación de contratos ¿Qué está pasando?
A todos nuestros contratistas les estamos cumpliendo con el pago de las obligaciones y lo seguiremos haciendo. En Pacific empezamos a tomar medidas para enfrentar la nueva realidad. Hemos estado empeñados en un proceso de reducción de costos, de manejo de pasivos y de venta de activos no esenciales para fortalecer nuestra posición. Redujimos actividades, personal externo, no renovamos contratos a término fijo y hablamos con los contratistas para revisar costos y condiciones de pago por sus servicios. Hoy en día, puedo decir con mucho orgullo que estamos fortalecidos en este aspecto.
Algunos comisionistas de bolsa recomiendan no comprar acciones de Pacific, que opinan de esa recomendación?
Que deben revisar las cifras de la compañía para que asesoren de la mejor manera a los inversionistas. Tal y como lo destacó un medio de comunicación esta semana, en promedio las 27 firmas analistas que siguen el comportamiento de la acción de Pacific en la Bolsa de Colombia, le dan un valor de más del doble de su cotización actual a pesar de la crisis mundial que afecta al sector petrolero. Por ello quiero reiterar el mensaje de tranquilidad. Tenemos la situación bajo control y vamos bien, incluso en estas difíciles circunstancias.
¿Qué instrucciones han recibido por parte de la Superintendencia Financiera frente a la actual situación de Pacific?
Hemos atendido todos los requerimientos de la Superintendencia Financiera cuando lo han solicitado.
¿Cuál es su mensaje para el mercado, los inversionistas y el país?
Pacific es una compañía dirigida por un grupo de profesionales con la mayor experiencia en la industria, muchos de ellos han enfrentado 7 crisis de precio internacional a lo largo de más de 40 años de carrera. Por eso es que reaccionamos primero que nadie a los cambios. Tenemos la situación controlada, y quiero reiterarles que nos mantenemos firmes en Colombia que ha sido el motor de nuestro crecimiento, cumpliendo con nuestro mejor esfuerzo con los compromisos de sostenibilidad. Es verdad que no seremos tan rentables como cuando el barril estaba a 100 dólares, pero esa es una realidad que nos toca a todos. Aun así, nuestras cifras son sólidas y ya los hechos demostrarán que esta oleada de rumores y nerviosismo que se ha visto expresada en la bolsa, realmente no tiene justificación alguna.
La peligrosa apuesta de las 10.000 becas
Educación
14 de Febrero de 2015
He pensado en una figura literaria para intentar explicar el asunto de las becas, desafortunadamente no he dado con una que logre reunir la suficiente fuerza para explicar el gran asunto que esta de fondo, encontrando solo el lacónico aforismo popular “aunque el mono se vista de seda…”. Imitamos parcialmente y ese es el origen de muchos problemas estructurales de nuestro estado, tenemos un ordenamiento penal como si nos encontráramos en Europa mientras mantenemos un sistema penitenciario medieval, nos trenzamos en intricados tratados de libre comercio mientras mantenemos un sistema vial terciario casi colonial, buscamos el ingreso de los últimos servicios tecnológicos y aún no se garantiza el acceso universal al servicio de agua potable y así. En un país donde un BMW de alta gama espera en el semáforo detrás de un vehículo de tracción animal cargado con chatarra, el sistema educativo tampoco escapa a esta paradoja.
De esta pobre imitación tenemos una estructura que hace ajenos entre sí cada uno de los elementos que lo componen, tenemos un bricolaje en el que sacrificamos nuestra soberanía para estar a la vanguardia de algo que no estamos muy seguros pero se parece al desarrollo, es como pensar que solo por tener alas ha de ser un faisán. Cuando el gobierno nacional anuncia 10.000 “becas” bajo el lema “ser pilo paga” la intuición primaria no puede evitar referirse de inmediato a las expresiones mérito y gratuidad, sin embargo lejos ha caído la piedra angular de este programa de estas dos expresiones, pues la beca no es más que otro crédito y lo que “paga” no es propiamente ser pilo sino destacarse bajo las condiciones educativas estructuralmente adversas para quienes acceden a la educación pública o provienen de una estratificación más baja.
Esta visión es contraria incluso a aquella promovida por los sátrapas en materia educativa de la OCDE cuando afirman que “Es poco probable que un sistema educativo logre situarse a la par de los países con mejores resultados mientras no acepte que todos los adolescentes pueden rendir a niveles muy altos”,( Schleicher) siendo cuestión de equiparar el acceso y no de privilegiar su capacidad de sobreponerse frente a la adversidad, criterio de focalización utilizado por esta política educativa, que no solo debe enfrentar el reto a mediano plazo de afrontar los factores de deserción estudiantil, si no aquellos de largo plazo asociados con el ejercicio profesional congruente con su formación, es decir afrontar el terrible monstruo del desempleo juvenil.
Las diez mil becas no solo ponen en tensión el componente publico privado en la conformación del imaginario Colombiano; en el cual la aplicación de las becas dan cuenta de la visión privilegiada de lo privado que ostenta la nación, en desmedro de la oferta publica deliberadamente desatendida y desfinanciada, también da cuenta de la confrontación de dos visiones alrededor del tema educativo que podríamos traducir en una división económica fundamental en el que el subsidio a la demanda traduce una visión de la educación como servicio y el subsidio a la oferta le aproxima más a una visión como derecho. En este punto los números parecerían insistir en esta perspectiva al plantear que subsidiar el estudio de los 40 mil beneficiarios en los 4 años de Santos (los últimos estarían terminando en 2.022, al finalizar el siguiente gobierno) le significarían al país un costo aproximado a los 3.3 billones de pesos, que es una cifra similar a lo que anualmente el Estado transfiere a las 32 universidades públicas”( Moises Wasserman) anotando además que la matrícula de las universidades públicas ha tenido una tendencia al aumento como efecto de la presión por cobertura y que al 2012 alcanzaba la astronómica cifra de 1.004.459 estudiantes matriculados(SNIES).
Así una vez más habremos de mirarnos en el espejo de la derecha para evitar el prejuicio de pensarlo como un asunto solo de izquierdas, o de otros paradigmas para darle más chance a la oposición, dice Daniel Salinas experto chileno en educación internacional comparada de la OCDE y analista de PISA que “Los países latinoamericanos tienen un gasto en educación por alumno que es significativamente menor, en términos absolutos, que el gasto promedio de los países de la OCDE” modelo que a pesar de las 10 000 becas se mantiene, y se agudiza ante la imposibilidad de pensar la disponibilidad de créditos excepcionalmente reembolsables como gasto serio en educación. Sin un subsidio serio a la oferta estaremos diseñando un modelo parcial, que no se aproxima ni en las sombras a una buena práctica educativa, pues mantiene de lado criterios fundamentales como la formación y remuneración docente, la orientación vocacional, la infraestructura educativa y el acceso universal a la misma con potencialidad real de transformación de las condiciones de vida.
La réplica parcial apalancada en el sistema financiero no solo genera la presión por altos rendimientos, además baja la resiliencia a fenómenos de impacto económico a nivel familiar, agudizados por la alta tasa de endeudamiento que representan “las becas” con relación al ingreso promedio de los beneficiados, mantiene adicionalmente la distribución inequitativa de la oferta educativa, disminuyendo el potencial transformador en las zonas que no son capitales de departamento. Habiendo reconstruido este panorama, conscientes de los peligros y de la insuficiencia que encarna esta política por si sola se podría llegar a compartir la observación de la analista económica Marcela Eslava según la cual si esta política “logra su cometido de graduar estos jóvenes con la mejor educación y ubicarlos en ejercicios profesionales congruentes con ese nivel de formación, su impacto sin duda será muy positivo.” Así, extendemos un fraternal saludo a los 10.000 nuevos estudiantes.
Marcela eslava analista económica blog foco económico
Daniel salinas experto chileno en educación internacional comparada de la OCDE y analista de PISA
Schleicher: Andreas Schleicher es un estadístico e investigador alemán en el área de la educación. Es subdirector de Educación en la OCDE
http://www.las2orillas.co/la-peligrosa-apuesta-de-las-10-000-becas/
Las masacres de ‘Cuco Vanoy’ que enredan a militares y policías
9 de Febrero de 2015
La misma sentencia que ordenó investigar al senador Uribe pide que se indague a miembros de la IV Brigada del Ejército y de estaciones de Policía del norte de Antioquia.
Exjefe paramilitar Ramíro Vanoy, alias 'Cuco Vanoy'.
La sentencia que emitió la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín contra el exjefe del Bloque Mineros, Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco’, no sólo ordena que se investigue al hoy senador Álvaro Uribe Vélez por su actuación como gobernador de Antioquia durante la masacre del Aro, en Ituango, en 1997. También pide que se indague a miembros del Ejército y la Policía, fiscales y jueces vinculados a crímenes gravísimos.
En sentencia de Justicia y Paz contra exjefe del Bloque Mineros de las Auc, se ordena investigar a miembros de la IV Brigada del Ejército, de varias estaciones de policía del norte de Antioquia, un fiscal y una jueza, en hechos que también vinculan a las mafias del narcotráfico.
Efectivos de la IV Brigada del Ejercito estarían comprometidos en acciones coordinadas con el Bloque Mineros de las Auc.
La sentencia que emitió la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín contra el exjefe del Bloque Mineros, Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco’, no sólo ordena que se investigue al hoy senador Álvaro Uribe Vélez, por su actuación como gobernador de Antioquia durante la masacre del Aro, en Ituango, en 1997. También pide que se indague a miembros del Ejército y la Policía, fiscales y jueces vinculados a crímenes gravísimos.
El Tribunal ordena que se compulsen copias contra varios oficiales de la IV Brigada, y a un fiscal, por la masacre de Parques del Estadio, un episodio en el que perdieron la vida cuatro hombres que fueron presentados como guerrilleros de las Farc, pero que en realidad fueron asesinados en un ajuste de cuentas por narcotráfico.
El 28 de febrero de 2004 en la unidad residencial Parques del Estado, vecina a la sede de la IV Brigada del Ejército, en el occidente de Medellín, el Pelotón Urbano Antiterrorista, del Batallón Yariquíes, bajo el mando del capitán Rogelio Ernesto Echeverri Palacio, realizó un allanamiento contra una supuesta célula de las Farc que estaría reunida en el apartamento 916 del bloque 4 de ese conjunto residencial planeando acciones para desestabilizar a la ciudad.
Ese día, la oficina de prensa de la IV Brigada emitió un comunicado en el que se dijo que tropas de esa guarnición militar “intentaron detener a cuatro sospechosos que vivían allí desde hacía poco más de un mes, según la información recolectada por la Inteligencia Militar”. El texto asegura que “los habitantes del apartamento no atendieron los requerimientos de las tropas y respondieron con disparos, los cuales alcanzaron una de las piernas del primer soldado que intentó ingresar al lugar”. Los muertos en este episodio fueron Fredy Hernán Berrío Torres, Oscar Peñaranda Ortiz, Rafael Arias Arias y Jesús Antonio Carvajal Mazo.
Sin embargo, el exjefe paramilitar ‘Cuco’ Vanoy dijo ante los tribunales de Justicia y Paz que él le pagó 500 millones de pesos a la ‘Oficina de Envigado’ por el asesinato de Fredy Hernán Berrío, quien lo había traicionado en un negocio de cocaína. Ni Vanoy ni la justicia han logrado establecer cómo terminaron vinculados a este hecho los miembros de la IV Brigada.
Los oficiales a quienes se ordena investigar son Guillermo Granados Mejía, en ese entonces comandante del Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate No. 4 Cacique Yariguíes, y Oscar Anzola, quien es jefe de prensa de esa unidad militar. También a dos uniformados identificados por sus apellidos -Sánchez Rey, Muñoz y Piedrahita-, quienes estuvieron en el lugar de los hechos y de acuerdo con la versión entregada por el Darío Eduardo Leal Rivera, fiscal 48 delegado ante el Gaula del Ejército, “contaminaron la escena del crimen”.
La Sala de Justicia y Paz conminó a la Fiscalía para que evalúe si puede recurrir a una acción de revisión que permita investigar nuevamente al Capitán Rogelio Ernesto Echeverri Palacio y los soldados profesionales Luis Valencia Jiménez y Gustavo Alonso Valencia Quintero, pues el 4 de abril de 2006, la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de Medellín (proceso 2034) dictó resolución de preclusión del caso.
Los magistrados solicitan que se reabra la investigación “debido a la contaminación de la escena del crimen, por lo evidente de huellas de arrastre que sugieren el movimiento de los cuerpos ya sin vida por el apartamento, armas sostenidas por los cadáveres que momentos antes habían recibido disparos en los brazos, etc.”.
Esa acción de revisión también había sido solicitada el 25 de enero de 2011 por Olimpo Castaño Quintero, magistrado con funciones de control de garantías de la Unidad de Justicia y Paz, luego de escuchar la confesión del excomandante del Bloque Mineros. (Leer Procuraduría y Fiscalía pedirán revisar fallo sobre masacre de narcos)
¿Conexión con ‘La Oficina’?
El empresario del fútbol Gustavo Upegui padeció el secuestro de sus hijos Juan Pablo y Felipe a mediados de la década del noventa. Su destino fue trágico: fue asesinado el 3 de julio de 2006.
La otra masacre que plantea interrogantes sobre una posible conexión de miembros del Ejército con organizaciones narco-paramilitares es la de Juntas, ocurrida a finales de marzo de 1996 en zona rural del municipio de Valdivia. El Tribunal recordó que esta matanza tuvo como antecedente el secuestro de Juan Pablo Upegui Gallego, actual accionista mayoritario del Envigado Fútbol Club, recientemente incluido en la Lista Clinton por las autoridades de Estados Unidos, bajo sospechas de lavado de activos del narcotráfico en favor de la ‘Oficina de Envigado’.
Upegui Gallego fue secuestrado el 29 de enero de ese año y, de acuerdo con la versión de ‘Cuco Vanoy’, el operativo de liberación fue coordinado por Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, y el empresario de transporte en helicópteros Luis Guillermo Ángel, conocido como ‘Guillo Ángel’. No obstante en el ‘rescate’ participaron miembros del Gaula Rural del Batallón Granaderos, adscritos también a la IV Brigada. En este hecho murieron tres personas, que al parecer eran parte de los secuestradores, y que fueron presentados como bajas en una operación legítima.
Al respecto, la Sala de Justicia y Paz de Medellín consideró que “se hace palmaria la necesidad de investigación penal y disciplinaria de cara a determinar sí efectivos del Ejército Nacional pudieron haber ejecutado conductas antijurídicas susceptibles de ser sancionadas”.
¿Policías cómplices?
Miembros de la Policía Nacional aparecen involucrados en una tercera masacre en la sentencia contra ‘Cuco’ Vanoy. Se trata de la matanza ocurrida en el corregimiento La Granja, de Ituango, el 11 de junio de 1996, donde perdieron la vida seis personas, y en la cual, según testimonios de exparamilitares, hubo coordinación con agentes de la Policía Nacional, quienes los dejaron movilizar por la carretera para perpetrar el crimen.
La Sala de Justicia y Paz ordenó a la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía, así como a la Procuraduría General de la Nación, “que se recabe en las investigaciones de los miembros de la Fuerza Pública que fungían como comandantes en los municipios de Santa Rosa de Osos, San Andrés de Cuerquia e Ituango”.
Asimismo, según información recopilada por la Fiscalía, el 5 de mayo de 2002 seis personas que se transportaban por el sector de Chorrillos, en la vía hacia Briceño, fueron retenidas por un comando armado del Bloque Mineros. Cuatro de ellas aparecieron asesinadas a los pocos días, y dos más permanecen desaparecidas.
El Tribunal ordena que se investigue a los agentes que prestaban servicio en Briceño para la época, ya que según testimonios, los familiares de las víctimas acudieron en solicitud de auxilio, sin obtener respuesta, “evidenciándose, como mínimo, una sustracción al deber legal de los integrantes del Comando de Policía de Briceño, situación que deberá investigar la Fiscalía respecto del Comandante de la época”.
Una absolución cuestionada
La magistratura en Medellín también solicitó investigar a Catalina Rendón Henao, quien actuando como jueza segunda penal del Circuito Especializado de Antioquia, emitió fallo a favor del exalcalde de Tarazá, Miguel Ángel Gómez García, quien venía siendo procesado por concierto para delinquir, por supuestos nexos con ‘Cuco’ Vanoy, afectando con ello a los miembros del Sindicato de Trabajadores Oficiales de Antioquia (Sintraofan), seccional Tarazá.
Si bien el exjefe paramilitar narró ante fiscales de la Unidad de Justicia y Paz detalles de sus alianzas con el mandatario local, que incluyeron negocios de fincas, la juez desestimó esos señalamientos y mediante la sentencia N. 067 del 29 de diciembre de 2010 emitió un fallo absolutorio y lo dejó en libertad.
Esta decisión, según el Tribunal, fue tomada “a pesar de que con base en la prueba testimonial recaudada por la Fiscalía se puede establecer con probabilidad de verdad que el procesado tenía una alianza con el grupo ilegal, como así lo reiteró en varias ocasiones el mismo postulado Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco’ Vanoy, acerca de que Gómez García era cercano al Bloque Mineros, era su amigo, y de ello se derivaron las reuniones que tuvieron relevancia dentro del plan criminal de las “Autodefensas” y el ciudadano Miguel Ángel para diezmar el Sindicato de Trabajadores Oficiales de Antioquia – Seccional Tarazá”.
Por todo lo anterior, la Sala de Justicia y Paz exhortó a las gobernaciones de Antioquia y Córdoba, así como a la Policía y el Ejército Nacional para que “adelanten actos públicos de perdón y reconocimiento de todos aquellos daños individuales y colectivos causados a los hombres y a las mujeres con ocasión del accionar y el despliegue paramilitar en sus territorios, buscando la garantía de no repetición y no olvido de lo sucedido”.
HOMICIDIO EN NUEVO JERUSALÉN CONFIRMA CONTROL TERRITORIAL DE GRUPOS ILEGALES ARMADOS
Los grupos armados ilegales, post desmovilización AUC, siguen con el control territorial en el asentamiento ubicado en el sector El Cortado, conocido también como Nuevo Jerusalén.
Desde enero, AnalisisUrbano.com viene denunciando la delicada situación que se vive en Nuevo Jerusalén y hasta el momento ninguna autoridad ha negado los hechos, pero lo que es más grave, tampoco se han realizado acciones específicas que pretendan acabar con la problemática.
El 23 de enero de este año se hizo pública la primera denuncia y anoche, 11 de febrero, casi 20 días después, en Nuevo Jerusalén se presentó un asesinato cometido por grupos armados del sector, hecho que sólo confirma la situación que se viene alertando: en El Cortado, el crimen es la ley y el orden y las administraciones municipales y departamentales no hacen nada para evitarlo.
En los recientes informes, se aportan las pruebas necesarias que dejan claro el conocimiento que tienen de la problemática desde los funcionarios de la Alcaldía de Medellín y la Alcaldía de Bello, hasta el secretario de Gobierno del departamento de Antioquia. Hoy Nuevo Jerusalén suma una víctima y aún no se recupera el sector.
Este homicidio sólo aumenta el pánico en el territorio. Habitantes del sector afirman que desde que se hizo pública la problemática, los grupos armados del sector iniciaron una especie de cacería de brujas para dar con quienes denunciaron la situación. Además, temen filtraciones en su organización ilegal, lo cual estaría dando inicio a una guerra interna que podría generar más víctimas.
En sus informes, AnalisiUrbano.com denunció que uno de los tubos de Ecopetrol estaba siendo perforado por parte de los grupos armados ilegales, y que lo hacían con el fin de vender la gasolina que de allí extraían. Al parecer, la persona que fue asesinada prestaba servicios de vigilancia para este tubo. Sin embargo, Ecopetrol no confirma esta información y algunos habitantes han denunciado que allí no hay vigilancia oficial de esta entidad.
La causal del crimen es materia de investigación, pero ésta debería responder varias inquietudes: ¿la vigilancia se prestaba para evitar robos de gasolina por parte de los grupos armados? ¿La vigilancia era oficial y solicitada por Ecopetrol? ¿Qué empresa, entidad o particular solicitó ese puesto de vigilancia y por qué?
Este hecho sucedido sólo confirma una cosa, en Nuevo Jerusalén ocurre algo grave y las entidades competentes están desentendiéndose de la situación pese a que un fallo en segunda instancia de una acción popular, emitido en noviembre de 2013, ordena recuperar el territorio.
Cuántas víctimas debe poner Nuevo Jerusalén para que el Estado cumpla lo que un juez le ordenó, básicamente, lo mismo que Jorge Enrique Calero Chacón, director del Sistema de Alertas Tempranas, solicitó: recupere las funciones que los grupos armado ilegales le usurparon.
El hombre que sabía demasiado
7 de Febrero de 2015
Daniel Coronell
Villalba aseguraba que mientras se ejecutaba la masacre, dos helicópteros sobrevolaban el área: uno era el de Carlos Castaño y otro de la Gobernación de Antioquia.
El cadáver tenía atado un escapulario en el tobillo izquierdo. Un agüero del bajo mundo indica que la Virgen ayuda a escapar de los enemigos a los que se le encomiendan y se amarran un escapulario al pie. Ni la plegaria ni el amarre le funcionaron a Francisco Enrique Villalba Hernández, uno de los autores de la masacre de El Aro. Lo mataron con tres certeros disparos de pistola con silenciador, delante de su esposa y de su hija.
Villalba estaba condenado a 33 años y cuatro meses de prisión por su participación, como mando medio, en la matanza de El Aro en donde 17 personas fueron asesinadas por los paramilitares. Tenía una segunda condena por su participación en la masacre de Pichilín, en Sucre, su departamento natal.Sin embargo, 23 días antes de su asesinato recibió la noticia de que podía irse de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí por razones de salud.
Francisco Villalba, que habría aprendido la desconfianza desde niño y al lado de la Quica y otros sicarios del primer anillo de Pablo Escobar, pensó que algo malo debía haber detrás de la buena noticia. Desde que le anunciaron que saldría de la cárcel le dijo a sus allegados que sus días estaban contados.
Era un hombre que no se inmutaba contando cómo había degollado y descuartizado personas y cuyo testimonio fue clave para establecer lo que pasó en el caserío cerca de Ituango, Antioquia.
En octubre de 1997 los paramilitares —y Villalba era uno de los comandantes— se pasearon sin apremio por el pueblito. Quemaron 42 de las 60 casas. Violaron a las mujeres frente a sus hijos. Amarraron al tendero a un palo y le arrancaron los testículos, los ojos y el corazón, para que los demás escarmentaran. Las otras 16 víctimas fueron buscadas, identificadas y asesinadas. A algunos los torturaron solo por placer porque no esperaban que confesaran nada. El ataque de los ‘mochacabezas’ duró cuatro días.
Los sobrevivientes confirmaron que lo que decía Villalba coincidía con la pesadilla que vivieron y por eso la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano.
Sin embargo, una parte de su testimonio sigue sin aclararse. Francisco Villalba aseguraba que uno de esos días mientras se ejecutaba la masacre, dos helicópteros sobrevolaban el área: uno era el de Carlos Castaño y otro era uno de color amarillo de la Gobernación de Antioquia.
También afirmaba que antes de la matanza escoltó una reunión en la que estuvieron “Álvaro Uribe y Santiago Uribe, el señor Mancuso, Cobra, Noventa, Carlos Castaño, mi persona, Junior y los 22 hombres que yo tenía bajo mi mando”.
El entonces gobernador de Antioquia y ahora senador, Álvaro Uribe, siempre ha negado esas afirmaciones. Siendo presidente incluso exhibió una carta en la que Francisco Villalba se retractaba de esos señalamientos.
Lo único que no pudo explicar en su momento es cómo había llegado la carta a la sede presidencial. Por lo demás Francisco Villalba le aseguró al periodista Arnulfo Méndez que esa no había sido escrita por él sino que otro preso (Chucho Sarria, el viudo de ‘la Monita Retrechera’) era quien le había hecho firmar un papel en blanco.
Poco después quedó demostrado que Chucho Sarria y el entonces secretario jurídico de la Presidencia, Edmundo del Castillo, tenían una amiga en común con acceso a la cárcel.
Meses antes de su asesinato, Villalba reiteró su declaración ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, donde duerme el sueño de los justos.
Esta semana, en otro proceso y basado en otro testimonio, el Tribunal Superior de Medellín compulsó copias para que el ahora senador Álvaro Uribe sea investigado por la presunta presencia del helicóptero de la Gobernación en la masacre de El Aro.
Esta vez no es un criminal quien lo afirma, sino una víctima. Se trata de la esposa del tendero cruelmente asesinado por los hombres del grupo de Villalba.
El senador Uribe asegura nuevamente que se trata de falsos testimonios y que el helicóptero jamás estuvo allá. De acuerdo con su tesis, la víctima sobreviviente y el victimario asesinado, años después, tienen en común su deseo de calumniarlo.
Es probable que el caso nunca se resuelva, como no se ha resuelto el del asesinato de Francisco Villalba.
http://www.semana.com/opinion/articulo/daniel-coronell-el-hombre-que-sabia-demasiado/417154-3
Comisión Histórica: EE.UU ha alimentado conflicto colombiano
10 febrero 2015
La Comisión Histórica del Conflicto colombiano presentó en La Habana las líneas generales de su informe sobre las causas, actores y responsables de la guerra que lleva más de 50 años.
Estados Unidos no ha sido un "ingrediente menor" en el conflicto armado colombiano, pues lo "ha alimentado" con dinero, equipos y personal, afirmaron este martes los académicos que entregaron el informe sobre la historia de esta contienda de medio siglo.
"En ese informe conocimos qué participación han tenido los Estados Unidos en las tácticas contrainsurgentes, porque no es un ingrediente circunstancial menor" en el conflicto, dijo a la prensa el académico Víctor Moncayo, uno de los dos relatores del informe preparado por 12 expertos y entregado este martes a los negociadores de paz del gobierno y de la guerrilla FARC en La Habana.
"Es una participación (de Estados Unidos) permanente, continua, con dinero, con técnica, con personal, que ha alimentado el conflicto", agregó Moncayo, exrector de la Universidad Nacional de Colombia.
El otro relator, el académico Eduardo Pizarro Leongómez, dijo que "Colombia tiene que ponerse a la hora de América Latina", que ha dejado atrás la violencia como arma política, pero afirmó que su país no debe seguir los pasos de El Salvador y Guatemala, donde el fin de las guerras civiles no acabó con la violencia armada.
"Los colombianos llevamos 50 años matándonos por diferencias de opinión", expresó Pizarro, quien señaló que espera que este informe de la "Comisión histórica del conflicto y sus víctimas" tenga una trascendencia similar al "Informe Sábato", elaborado en Argentina tras el el fin de la última dictadura militar (1976-1983).
El informe -que en rigor son 12 informes individuales- fue encomendado a los académicos el 21 de agosto pasado con el fin de que sirva de "insumo" para un eventual acuerdo de paz que ponga fin a un conflicto que ha dejado 220.000 muertos y 5,3 millones de desplazados en más de medio siglo, según cifras oficiales.
Once de los 12 académicos hicieron un resumen de sus informes ante las dos delegaciones negociadoras, en un reunión a puerta cerrada de seis horas efectuada en el Hotel Occidental Miramar de La Habana.
El informe fue preparado por prestigiosos académicos colombianos escogidos por ambas partes: Sergio de Zubiría, Gustavo Duncan, Jairo Estrada, Darío Fajardo, el sacerdote Javier Giraldo, Jorge Giraldo, Francisco Gutiérrez, Alfredo Molano, el francés Daniel Pécaut, Vicente Torrijos, Renán Vega y María Emma Wills.
Moncayo dijo que el conflicto colombiano es mucho más amplio que el mero problema agrario: "hay un orden general vigente que unos rechazan y otros tratan de reproducir".
"Hay unas responsabilidades que desbordan la individualización", expresó.
Los relatores de la comisión aseguraron desde La Habana (capital cubana) que no existe un discurso único para explicar los inicios del conflicto catalogado como uno de los más largos en el mundo.
Tras presentar el informe de 700 páginas sobre la confrontación armada en Colombia, integrantes de la Comisión Histórica acordaron seguir trabajando para lograr el entendimiento del conflicto.
“Conocer la realidad, la verdad de ese conflicto tan extenso que lleva més de 50 años no es algo sencillo”, dijo Victor Moncayo, uno de los relatores.
Sostuvo que los actores del conflicto no están sólo en la insurgencia armada sino en la sociedad que a su juicio, ha influido para que la guerra haya perdurado en el tiempo.
Conozca la Comisión Histórica en el proceso de paz
Eduardo Pizarro instó al Gobierno y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colommbia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) a traducir en palabras sencillas lo que contiene el informe.
“Las personas muchas veces se les dificulta entender las raíces del conflicto colombiano, pero si se suman esfuerzos podría convertirse en una realidad la tan esperada paz en Colombia”, agregó.
Lamentó que muchas veces la falta de comunicación incida en la complejidad del problema en el país. “Volvernos investigadores y pedagogos para explicar la realidad del conflicto es lo correcto y responsabilidad de todos”, añadió.
Más de 20 miembros de las Fuerzas Militares fueron sancionados
18 de Febrero de 2015
Una comisión especial creada por MinDefensa dio a conocer el resultado de su investigación por la fachada de Galerías, el hacker y la fuga de documentos.
El almirante César Augusto Narváez, inspector General de las Fuerzas Militares, y los miembros del comité de alto nivel conformado para investigar los posibles casos de corrupción al interior de la Fuerza Pública entregaron los primeros hallazgos de las investigaciones. Foto: Javier Casella / Mindefensa
En una rueda de prensa convocada para este viernes, una comisión especial creada por el Ministerio de Defensa presentó el resultado de una investigación interna sobre las actividades pocos transparentes de algunos de miembros del Ejército en lo relacionado con actividades de espionaje.
Se trata de los casos de la fachada Andrómeda –descubierta en elbarrio Galerías de Bogotá por Semana.com- y el episodio del hacker Sepúlveda y sus presuntos vínculos con miembros de las Fuerzas Militares.
El vicealmirante César Augusto Narváez, integrante de la comisión, aseguró que en la fachada Andrómeda, revelada por Semana.com, no se cumplieron los protocolos de seguridad, se descubrió desorden en el manejo de la información y falta de control que permitía a civiles tener acceso a esa fachada. A pesar de estos hallazgos, el oficial ratificó que era una operación legal de inteligencia.
En cuanto al hacker, dijo el oficial que "existe la presunta participación de dos suboficiales del Ejército y un patrullero de la Policía en la entrega de información clasificada directa o indirecta a Andrés Sepúlveda". La Fiscalía ya les dictó medida de aseguramiento a cinco militares.
No obstante, el almirante aseguró que quien podrá dar luces sobre la relación del hacker y Andrómeda será la Fiscalía.
En el informe se dice que de manera voluntaria se realizaron 268 pruebas de confiabilidad y polígrafo, ocho de las cuales no dieron buenos resultados. Se determinó separar a 20 uniformados comprometidos con los hechos de Andrómeda y el hacker Sepúlveda y documentos secretos. Todos estos fueron separados de cualquier labor que tuviera que ver con inteligencia. A otros cinco se les solicitó el retiro.
Narváez aseguró que otros 11 miembros de la institución están siendo investigados por el episodio de la fuga de documentos secretos y la famosa lista de periodistas hallada en la Central de Inteligencia militar, hechos revelados por revista SEMANA y Semana.com.
La comisión anunció que las investigaciones continuarán y que la última palabra y el grueso de las investigaciones la tiene la Fiscalía.
Al finalizar, los integrantes de la comisión mostraron un libro y una cartilla en donde está consignado un protocolo para seguir con el fin de que estos hechos irregulares no se repitan. Se trata de un episodio particular, pues se da por descontado que los miembros de la fuerza pública saben que lo que hicieron es precisamente lo que prohíbe la ley.
Salud
LA ILEGALIDAD Y LA MARRULLERÍA COMO NORMA
30 de Enero de 2015
Equipo de Prensa Jorge Robledo
El Polo dio voto negativo a la ley estatutaria de salud (PL 209 de 2013 Senado), porque no era para servirles a los colombianos acabando con el negocito de las EPS, sino para mejorárselo a sus dueños, pero, eso sí, con la consabida demagogia que manipula al ciudadano. Y mejoraba el negoción porque, de una parte, mantenía la intermediación financiera y las facilidades para defraudar a clínicas y hospitales (IPS), y, de la otra, atacaba la tutela, los derechos ciudadanos y la independencia de los médicos, todo para disminuir el gasto en los pacientes y aumentar las ganancias de las EPS. No sale gratis que estemos en el gobierno de las EPS y de los altos funcionarios con vínculos con ellas.
Con lo que no contó el ministro Alejandro Gaviria fue con que la Corte Constitucional le modificara varios de los peores artículos, aunque habían sido redactados para que no se entendiera lo que decían. Fue tal su molestia, que afirmó ofensivo: “La Corte Constitucional quiere que todos los colombianos coman langosta” (http://bit.ly/1vDGcyZ); “los magistrados no entendieron lo que allí estaba plasmado”; “La Corte Constitucional, con algunos argumentos que a mí me parecen espurios, dijo ‘esto se tacha’, y el acuerdo que se había construido democráticamente ya no es”(http://bit.ly/1y4vgx3). Todo porque la Corte rechazó, por inconstitucional, menoscabar aún más los derechos ciudadanos. Pero lo peor vino después.
La Corte Constitucional, con las modificaciones que generaron la iracundia de Gaviria, publicó su sentencia afirmativa sobre la ley estatutaria el 22 de octubre de 2014 y la corrigió el 3 de diciembre, y esta es la hora en que el Presidente de la República, en descarada violación de la Constitución, ni la sanciona ni la objeta y se proponen perpetrar otra ilegalidad: devolverla al Congreso para que allí el santismo la rehaga (http://bit.ly/1JUqHMz), con lo que burlaría la decisión de la Corte y nuevamente sacrificaría al país en el altar de las EPS. Tan inaceptable ha sido la actuación del Gobierno, que Jorge Iván Palacio, magistrado de la Corte, calificó de “inexplicable” que la ley no se haya sancionado (http://bit.ly/1ENzQDG).
Ante la actitud contumaz de Santos –y solo digo Santos porque la verdad es que el ministro Gaviria carece de competencia legal en este caso–, la Mesa Nacional por la Salud le interpuso una demanda al presidente del Congreso, José David Name, para que sancione la ley estatutaria, según lo ordena el Decreto 2067/1991 cuando el Presidente se niega a actuar. Ojalá el senador Name siga las normas y no contribuya con un mayor descrédito del Congreso, asumiendo la ilegalidad de Santos y la retórica soberbia de Gaviria (http://bit.ly/163RcQj).
Mientras los días corrían sin que fuera sancionada la ley estatutaria, al finalizar 2014, en medio de las fiestas, el ministro de Salud expidió cuatro decretos a favor de las EPS y contra las IPS. Y anda tras ponerles copagos a los derechos no POS que ordenan las tutelas e incluir otra reforma a la salud oculta en la ley del Plan de Desarrollo, ley que se ha convertido en una selva de los micos porque contiene centenares de artículos sobre decenas de temas, de manera que en los hechos se evade la debida publicidad del trámite y la unidad de materia y el debate en las comisiones especializadas que cumplen las demás leyes.
Otro caso de abierta violación de la ley por parte del gobierno ocurre sobre el derecho a pensión de la policía, aumentado en cinco años mediante el Decreto 1858 de 2012, firmado por el Presidente y el ministro de Defensa. Porque aun cuando el Consejo de Estado declaró ilegal el decreto –dado que las pensiones solo pueden modificarse mediante ley– y ordenó suspender su aplicación, el gobierno se niega a cumplir dicha orden, según me explicó el general Palomino, en respuesta a carta mía a Santos y al ministro. ¿Qué norma estipula que cuando se les pregunte a unos deben responder otros? Y añade que no acatan la decisión del Consejo de Estado porque no les gusta, como si existiera una ley que permita escoger qué leyes se cumplen y cuáles no. Quedaron incursos en fraude a resolución judicial.
Otra hazaña en la historia de la marrullería nacional la logró el ministro Mauricio Cárdenas al meter en la reforma tributaria un artículo –a las escondidas, que es lo que caracteriza al mico legislativo– que impide reducir los precios de los combustibles, que por ello quedaron con impuestos del 53 por ciento, entre los más altos del mundo.
http://jorgerobledo.com/la-ilegalidad-y-la-marrulleria-como-norma/
Tribunal Superior rebajó condena al exjefe de inteligencia del DAS por 'chuzadas'
15 de Febrero de 2015
Carlos Alberto Arzayús Guerrero pagará una pena de ocho años y siete meses de prisión.
Por: Redacción Judicial
Carlos Alberto Arzayús Guerrero pagará una pena de ocho años y siete meses de prisión.
La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá le rebajó la pena al exdirector de inteligencia del DAS, Carlos Alberto por su participación y responsabilidad en los seguimientos e interceptaciones telefónicas ilegales adelantadas en contra de un grupo predeterminado de personas por parte de agentes del organismo de seguridad en el que se denominó el escándalo de las ‘chuzadas’.
Al resolver un recurso de apelación frente a la condena de nueve años y 10 meses de prisión interpuestos por el juzgado sexto especializado de Bogotá el 20 de marzo de 2014 la Sala Penal modificó el fallo y le impuso una pena principal de ocho años y siete meses de prisión, multa de 20 salarios mínimos legales vigentes.
Arzayús fue hallado responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado, violación ilícita de comunicaciones, utilización ilícita de equipos transmisores y receptores, y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto; cometidos durante las interceptaciones ilegales realizadas por dicho organismo durante la dirección de María del Pilar Hurtado.
Igualmente le remitió el expediente al juzgado de origen para que resuelva la solicitud de libertad presentada por el exfuncionario, quien actualmente enfrenta otro proceso por el delito de tortura psicológica a la periodista Claudia Julieta Duque por parte del DAS.
Según la investigación a partir de 2004 Arzayus participó en la concertación de funcionarios del DAS, quienes a través del Grupo de Inteligencia G-3 organizaron, dirigieron y promovieron comportamientos que derivaron en delitos contra organizaciones defensoras de derechos humanos, periodistas, políticos y otras personalidades de la vida nacional con tendencias opositoras al Gobierno de turno.
Con estos hechos se incurrió en la violación del derecho a la intimidad con seguimientos arbitrarios e injuriosos y la interceptación ilícita de comunicaciones de las víctimas, para lo cual utilizaron bienes y equipos de la entidad a la que pertenecían.
En estas acciones se inició una persecución en contra de periodistas, abogados y organizaciones defensoras de los derechos humanos, hecho por el cual en el fallo se ordena el pago de una indemnización.
¿Cuándo empezó esta guerra?
14 de Febrero de 2015
El Gobierno pidió a intelectuales escribir sus tesis sobre la génesis de la guerra. SEMANA hace un análisis crítico para entender este informe.
¿Empezó esta guerra con La Violencia bipartidista? Algunos como Alfredo Molano creen que sí. Otros, que esa fue una guerra civil muy diferente al conflicto actual.
Tarde o temprano las guerras se acaban. Pero el debate sobre sus causas y consecuencias puede durar décadas. Setenta años después de terminada la II Guerra Mundial todavía hay controversia sobre si eran necesarios el bombardeo a Dresde, o la bomba de Hiroshima; o sobre el silencio de las mujeres violadas por los Aliados en un Berlín desolado y derrotado.
En Colombia se ha escrito mucho sobre La Violencia, y sobre el conflicto contemporáneo hay ya cientos de relatos escalofriantes y estudios serísimos. Hace dos años, por ejemplo, el Grupo de Memoria Histórica publicó el ¡Basta ya!, posiblemente el más exhaustivo informe sobre la degradación de la guerra en Colombia. Esta semana se conoció un nuevo documento elaborado por 12 reconocidos intelectuales del país que conforman la Comisión de Historia del Conflicto y sus Víctimas, cuyas reflexiones incidirán directamente en la Mesa de Conversaciones de La Habana.
Esta comisión nació luego de un intenso forcejeo entre las Farc y los delegados del gobierno en Cuba. Desde comienzos de 2013, la guerrilla había solicitado que se creara un mecanismo de esclarecimiento sobre las raíces del conflicto, pues consideraba que las versiones de la historia que circulan en libros y periódicos es injusta con ellos.
Luego de muchas rondas se acordó que esta comisión sería un grupo de apoyo para la discusión de los temas de víctimas y justicia, y que de ninguna manera tendría el alcance de una comisión de la verdad, dado que este tipo de mecanismo está pensado para el futuro, y debe incluir, obligatoriamente, la voz de las víctimas.
También se definió que la comisión recogería muchas visiones, sin pretender convertirlas en una historia oficial del conflicto. Se nombraron dos relatores de gran renombre para que hicieran la síntesis: Eduardo Pizarro, actual embajador en los Países Bajos; y el profesor Víctor Manuel Moncayo, exrector de la Universidad Nacional. Las visiones sobre el conflicto resultaron tan diferentes, que los relatores entregaron cada uno su propio resumen. No obstante hay puntos de coincidencia.
La tierra sí es problema
Todos coinciden en que los conflictos agrarios que no se han resuelto están en el alma del conflicto. Las posiciones van desde la del reconocido investigador Darío Fajardo, quien dice que la estructura de gran propiedad agraria ha sido el telón de fondo de más de medio siglo de guerra, hasta la del escritor francés Daniel Pécaut que cree que los conflictos agrarios se han transformado en estos años, y que difieren según la región. A diferencia de lo que ha dicho el profesor británico James Robinson en recientes artículos en El Espectador, que han levantado polvareda entre la academia, la tierra resulta ser para los colombianos un tema crucial para la paz.
El segundo punto de coincidencia es el carácter político del conflicto y la guerrilla, aunque también hay matices. Mientras el sacerdote jesuita Javier Giraldo ve en la insurgencia la respuesta natural a un Estado opresor; el investigador Gustavo Duncan, autor de libros como Los Señores de la Guerra, encuentra que la guerrilla, si bien tiene un origen político, ha tenido mutaciones y se ha vinculado a empresas criminales como el narcotráfico y el secuestro.
El tercer punto común es que el narcotráfico tuvo una gran incidencia en la prolongación y degradación de la guerra. Algunos como el decano de Ciencia Política de la Universidad Eafit, Jorge Giraldo, pone mayor énfasis en la vinculación de las Farc con la economía cocalera mientras otros, como Jairo Estrada, ponen el acento en la macabra alianza de Estado y narcoparamilitares.
Un cuarto punto de coincidencia es que el posconflicto es clave, y que justamente el trabajo de estos intelectuales debe servir para iluminar la implementación de los acuerdos. Es decir, identificar las reformas que el país necesita.
¿Cómo diablos empezó todo?
Hay guerras en las que el principio es nítido. Un florero roto desató la guerra de Independencia, un tiro en Sarajevo marcó el inicio de la Gran Guerra, y el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán desencadenó La Violencia. Pero en el conflicto actual no hay florero ni primer disparo. Por eso es tan difícil decir cuándo y dónde empezó. Las interpretaciones van desde quienes creen que la guerra surgió como consecuencia del sistema capitalista hasta quienes aseguran que no tiene una sola causa, sino muchas.
Según Moncayo, el orden capitalista engendra conflictos sociales que en el caso colombiano adquirieron la forma de la insurgencia. Dadas las injusticias causadas por el sistema, el surgimiento de las guerrillas era inevitable. Esta visión, según Eduardo Pizarro, puede llevar a un callejón sin salida. Si el capitalismo lleva por dentro la semilla de la guerra, entonces la paz requiere acabar con el sistema, y eso no está en discusión en La Habana.
Otro grupo de intelectuales plantea que hay “fallas geológicas” en el Estado colombiano: la debilidad institucional, la precaria y a veces traumática presencia del Estado en el territorio; la desigualdad social; el problema agrario; la cultura sectaria que se ha expresado en la adhesión partidista antes que a un proyecto de Nación; la combinación de armas y urnas; y la privatización de la seguridad y la justicia; pero que a ninguna de ellas se le puede atribuir una causa directa ni única del conflicto.
En pocas palabras, mientras para unos el problema es el sistema, y por eso se requiere una revolución para que haya paz verdadera, para otros el problema son las instituciones y, por tanto, los males del país se pueden atacar con reformas. Hay que aclarar que aunque hay diferencias sobre el origen de la guerra hay consenso en que debe terminarse. De hecho, muchos señalan que esta ha resultado inútil, pues ha agravado la desigualdad, la concentración de la tierra y la injusticia.
El año cero
Sobre el año cero del comienzo del conflicto tampoco hay acuerdo. Hay quienes dicen que nació en los años treinta, cuando la fiebre capitalista llegó al país, surgieron sindicatos y movimientos de izquierda, y se frustró la Revolución en Marcha de Alfonso López Pumarejo. Es en esa década, según el profesor Sergio de Zubiría, cuando se traza el boceto del país del siglo XX. Al otro extremo están quienes como Jorge Giraldo piensan que la guerra contemporánea es de los años ochenta, con la irrupción del narcotráfico. Y quienes están en una posición intermedia, que encuentran esta guerra como una continuidad de La Violencia, azuzada por la Guerra Fría y las exclusiones del Frente Nacional, como Alfredo Molano.
Estas especulaciones tan abstractas y filosóficas tienen relación directa con asuntos prácticos que debe resolver la Mesa de Conversaciones de La Habana. Por ejemplo, desde cuándo se debe reparar a las víctimas. La Ley de Víctimas tomó como año 1985 para reparaciones administrativas, y 1993 para restitución de tierras. Si se impone la idea de que el conflicto comenzó en los años treinta, habría que reparar a casi todo el país. Lo mismo ocurre con la justicia. Una cosa es juzgar los grandes crímenes de los ochenta para acá, o pensar que para que haya paz hay que resolver hasta el crimen de Jorge Eliécer Gaitán. Ese sería otro callejón sin salida. Y en términos de una futura Comisión de la Verdad, pensar que se puede reescribir la historia no de tres décadas sino de un siglo es llevar al fracaso ese esfuerzo antes de que nazca. Esas son las consecuencias terrenales de estas disertaciones que muchos califican a la ligera como caprichos de las Farc.
Revisando la historia
Una de las mayores controversias que hay en el informe es sobre el Frente Nacional. Mientras para algunos este fue un pacto de elites, excluyente, que al repartirse el poder entre dos partidos alimentó a las guerrillas, otro grupo de intelectuales ha empezado a ver ciertas virtudes escondidas en este periodo. Por un lado el éxito que tuvo en su tarea de pacificar al país, pues fue la época con menor tasa de homicidios; por otra parte los intentos de reformas agraria y educativa, que cambiaron al país la cara de parroquia que tenía y pusieron las bases de la modernización. Varios, sin embargo, coinciden en que este pacto tuvo efectos nefastos: el estado de sitio y el haber pasado de un país divido entre liberales y conservadores, a uno con la lógica anticomunista de la Guerra Fría. También, que a la coalición liberal-conservadora se le deben el clientelismo y la abstención.
Valga la pena decir que hay por lo menos dos ponencias que ponen el acento en cierto tipo de conspiración internacional. La de Renán Vega que culpa a Estados Unidos del nacimiento y prolongación del conflicto, y la de Vicente Torrijos que cree que el surgimiento de las guerrillas se debió a la expansión del comunismo internacional y la revolución cubana. Ambos tienen argumentos a su favor. Nadie puede negar que Colombia ha sido excesivamente apegada a las doctrinas de Estados Unidos, y tampoco se puede desconocer la influencia que tuvo la Guerra Fría en el conflicto. Pero ambas se quedan cortas para explicar por qué el conflicto siguió a pesar de que el comunismo se vino al piso, o en medio de un mundo globalizado, donde ya no existe una dependencia de un solo país.
La prolongación
El narcotráfico es a todas voces el principal culpable de que esta guerra haya durado tantos años. Primero, porque el narco permeó la política y las instituciones, como lo demuestran el proceso 8.000 y la parapolítica, y debilitó su legitimidad. Segundo, porque acentuó la ausencia del Estado en zonas de disputa de grupos armados, o su presencia solo fue represiva, como ocurrió con el Plan Colombia. Tercero, porque con la plata de la cocaína se financiaron tanto guerrilla como paramilitares.
Este punto es crítico, pues aunque el tema de las drogas ya fue discutido y acordado en La Habana, su implementación no depende solo de la buena voluntad de las partes. Ni siquiera de que las Farc se alejen del negocio y de que el gobierno deje de fumigar. El narcotráfico es un crimen transnacional, en el que Colombia tiene un porcentaje significativo, experiencia, y aunque suene irónico, una tecnología apropiada en esta materia. Basta ver los semisumergibles que pululan en la costa Pacífica hechos de manera casera. Si este es el mayor motor de reciclaje de la violencia, el país tiene un serio problema para garantizar que el posconflicto funcione de verdad.
Pero no solo de coca vive la guerra. Para un grupo importante de estos analistas, el conflicto duró más allá incluso de la Guerra Fría, por las políticas neoliberales que se aplicaron en la década del noventa y que dejaron el campo a la deriva, lo cual incentivó que los más marginados del país se fueran a sembrar coca, y se lanzaran en brazos del crimen organizado para ganarse la vida. En todo caso queda claro que los campesinos pobres han sido la carne de cañón de todos los grupos, fueran de derecha o de izquierda. Algunos analistas destacan que la guerra les arrebató la ciudadanía, que han sido los mayores protagonistas de este conflicto.
El otro problema que todos señalan es la precariedad del Estado y las instituciones para garantizar el pluralismo, evitar exterminios como el que vivió la Unión Patriótica, hacer justicia, y garantizar una democracia en las regiones donde las instituciones y el Estado fueron capturados por los paramilitares.
¿Quién tuvo la culpa?
Más que señalar responsables, los académicos resaltan las terribles consecuencias de esta larga guerra. El número de víctimas es de magnitud bíblica: casi 7 millones de personas, en una cuenta que no deja de crecer, y que es una verdadera catástrofe.
La democracia sufrió también pérdidas enormes. Miles de líderes fueron asesinados y eso tiene un costo alto, y aún no calculado, para el país; y la combinación de armas y urnas se convirtió en un mal generalizado. La falta de confianza de la gente en el Estado y entre las propias comunidades ha hecho que muchos definan a la democracia colombiana como un orangután con sacoleva. Un país atrapado en una guerra inútil que, como señala Pécaut, no hizo más que perpetuar y profundizar la desigualdad.
Finalmente, la otra herencia con la que tendrá que lidiar Colombia en adelante es un crimen organizado que aprovecha la debilidad del Estado, y que ha ganado experiencia y conocimiento en todas las formas de violencia. Y que puede ser la semilla de la próxima guerra, si no se hacen bien las cosas.
¿Esto tiene arreglo?
Cuentan que el martes pasado, cuando cada uno de los 14 intelectuales expuso ante la Mesa de Conversaciones de La Habana sus tesis sobre el conflicto, varios de ellos hablaron emocionados sobre lo que ese evento les significaba. Para casi todos, el país está frente a la oportunidad de empezar a resolver los grandes problemas que han hecho tan doloroso este conflicto.
Tienen claro que la paz no se consigue con la dejación de armas por parte de la guerrilla. Más bien que el acuerdo de paz es una oportunidad para enderezar el rumbo del país. De atacar las ‘fallas geológicas’ sobre las que se ha cimentado el Estado.
Quizás es pedirle demasiado a un acuerdo de paz. Hasta podría ser un riesgo creer que el posconflicto puede subsanar los males acumulados de un país y casi un siglo. Pero que una mesa de negociaciones entre enemigos acérrimos, que se han matado por décadas, intente mirar el pasado de manera crítica y conjunta, debe servir para algo.
No será fácil. Si alguna lección deja esta Comisión, es que Colombia es un país tan fragmentado que ni siquiera existe acuerdo en algo tan básico como dónde comenzó esta guerra o quién fue responsable de cada atrocidad. El país tendrá que lidiar por años, quizás por siempre, con esa diversidad de opiniones que a veces llega a ser polarización y hasta sectarismo. Pero sin armas. De eso se trata el proceso de paz de La Habana.
http://www.semana.com/nacion/articulo/cuando-empezo-esta-guerra/417890-3
Un petróleo que perfora el bolsillo
21 de Febrero de 2015
Déficit fiscal se incrementaría en $12 billones en 2016
El desplome del precio del crudo podría obligar al Gobierno a tramitar una nueva reforma tributaria para cubrir sus gastos. De lo contrario, corre el riesgo de bajar su grado de inversión.
Tardó más de seis meses y el precio del crudo tuvo que caer más del 50% para que el hueco fiscal dejara de ser considerado como especulación y que se convirtiera en una problemática nacional. Ahora el debate gira en torno a cómo hará la administración del presidente Juan Manuel Santos para suplir los recursos que por más de 15 años el país se ha acostumbrado a recibir.
El ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, le contó a este diario que el déficit fiscal colombiano actual “es cercano a los $9 billones, de los cuales $4,5 billones se solventaron con la reforma tributaria de diciembre pasado, y los otros $4,5 billones van a ser cubiertos con más deuda. Es decir, el Gobierno tendrá un déficit más alto, pues pasará de tener uno de 2,3% del PIB, a algo así como 2,8%”.
Cerca del 20% de los ingresos de la nación dependen del petróleo, es por esto que al igual que las compañías productoras del hidrocarburo, el Gobierno ha tenido que hacer ajustes presupuestales para hacer frente al desplome de la cotización del crudo. Gran parte del déficit actual se explica por la caída de las utilidades de Ecopetrol, pues sólo en dividendos la estatal le generó al país más de $9 billones en 2014.
Es por esto que Esteban González, analista de Alianza Valores, advirtió que “si el deterioro en el sector de hidrocarburos se mantiene en 2015, el verdadero impacto presupuestal se dará en 2016. El hueco fiscal podría incrementarse en $12 billones y el nivel acumulado de la deuda colombiana podría quedar en más de $30 billones. Implicando que el déficit presupuestal podría situarse el próximo año entre 3,1 y 3,5%”.
“El escenario más crudo se daría en 2016. Este año la caída de los ingresos no fue tan pronunciada, porque durante el primer semestre de 2014 el precio del petróleo se mantuvo cercano a los US$100. Además, el próximo año hay un paquete de títulos de deuda pública (TES) que se vence y que el país tiene que pagar a sus inversionistas”, explicó Juan David Ballén, analista de Casa de Bolsa.
Para Andrés Pardo, analista de Corficolombiana, “en 2016 se reducirá el déficit fiscal. Se espera que el Gobierno entre en un programa de recorte de gastos y de incremento de ingresos. Es por esto que lo más probable es que a finales de este año se pase otra reforma tributaria, en la cual se podría optar por incrementar el IVA o por gravar los dividendos de las empresas”.
Esta solución no es siempre recomendable. El fondo de inversiones JP Morgan manifestó que el último cambio de esquema tributario que el Gobierno realizó fue en contravía de la generación de ingresos de algunos sectores de la economía colombiana. Una muestra de esto es que esta entidad financiera sacó de su portafolio de recomendaciones a la acción de Bancolombia, pues argumentó que este banco se verá golpeado a raíz de la reforma tributaria tramitada en diciembre pasado.
La caida de los precios del petróleo tiene otro efecto. En su informe JP Morgan también advirtió que la economía colombiana experimentará una desaceleración en los próximos dos años, ya que considera que el país sólo crecerá 3,3% en 2015 y 2,8% en 2016. Y es una estimación similar a la que hacen entidades locales, como el Banco de la República y Anif, que proyectan que este año el PIB se incrementará 3,6 y 3,8%, respectivamente.
Sin embargo, Pardo sugiere que la desaceleración todavía no es motivo de alarma. Según el analista, la regla fiscal permite al Gobierno endeudarse de manera proporcional a episodios de lento dinamismo como el de ahora, o frente a escenarios extremos como el caso de un crecimiento del PIB menor al 2,5%”.
No obstante, “la desaceleración económica implicaría que el indicador deuda pública como porcentaje del PIB se haría más grande, y dependiendo de la forma en que evolucione está relación podríamos llamar la atención de las valoradoras de riesgo. Y si no se tramita una reforma tributaria que aumente el recaudo de manera importante o si el precio del petróleo continúa cayendo, las calificadoras podrían, en el caso más optimista, dejar en revisión el grado de inversión colombiano”, afirmó González.
Hay varios asuntos pendientes en materia fiscal. Para empezar, “queda tener más claro de dónde provendrán los recursos para pagar el costo del posconflicto, pues hoy apenas se encuentran incluidos en el presupuesto nacional recursos por alrededor de $8 billones para apoyar estrategias destinadas a la consolidación de la paz. Además, es necesario tener claridad sobre el enfoque que tendrá el posible acuerdo de paz con los grupos ilegales y la posterior reinserción de sus miembros a la sociedad civil”, estableció Camilo Silva, director de Análisis Técnico de Valora Inversiones.
Además todavía está pendiente la venta de la estatal de energía Isagén. El Gobierno espera que en agosto se logren obtener ingresos por más de $5 billones con esta operación, los cuales servirán para financiar la construcción de las carreteras 4G. Y vale la pena recordar que el sector de la construcción y de la infraestructura es la gran apuesta del Gobierno, tanto así, que algunos funcionarios han declarado que puede ser el reemplazo del petróleo.
Minería, ¿una amenaza para Choachí?
16 de Febrero de 2015
La empresa Cosargo S. A. S. hace allí exploración minera. Habitantes protestan ante el riesgo que corre el páramo de Cruz Verde.
En el municipio de Choachí (Cundinamarca) hay un ambiente de desesperación y miedo desde hace unos meses. En la vereda Aguadulce la empresa Cosargo S. A. S. realiza exploraciones mineras con el objetivo de encontrar arenisca, materia prima para elaborar el concreto.
La idea de que la industria extractiva pueda llegar a un pueblo, que tradicionalmente ha vivido del turismo, ha generado gran temor a ser desplazados y a que sus aguas se contaminen.
Los habitantes quieren proteger una joya ecológica de la región: el Parque Ecológico Matarredonda, situado en el páramo de Cruz Verde, donde nacen importantes fuentes de agua que benefician a Bogotá y a varios municipios de Cundinamarca. Ríos como el Teusacá, Palmar y San Cristóbal tienen allí su origen.
La empresa se encuentra en este momento en etapa de exploración, los resultados han sido positivos y pronto pasará a la segunda etapa: la explotación. Según Eduardo Torres, director del proyecto de Cosargo S. A. S., comenzarán la extracción de recursos a más tardar en un año.
Representantes de la firma aseguran que la explotación será subterránea y que no afectará el ecosistema. Pero esa explicación no ha convencido a los pobladores de Choachí, quienes consideran que el páramo puede estar en peligro y el agua se puede contaminar.
El alcalde del municipio, Carlos Cotrino, asegura que su administración no tiene la competencia para detener el avance de la empresa pues las decisiones sobre el subsuelo de la nación las toman las autoridades nacionales.
“Ya he manifestado mi inconformismo, pero la administración local está entre la espada y la pared. Toca esperar que se manifiesten las autoridades ambientales pertinentes”, dijo.
La víctima que fue a La Habana y luego le mataron un hijo
Representantes de las 60 víctimas que viajaron a la isla, denuncian amenazas e intimidaciones.
Uno de los momentos más "significativos" por los que ha pasado el proceso de paz ha sido el encuentro entre las víctimas y los delegados del Gobierno y las FARC. Sin embargo, los riesgos y las dificultades del encuentro cada día sacan a flote las más profundas tensiones de esta compleja negociación que deja, una vez más, a la población en la mitad del conflicto.
Nilson Liz Marín es líder de la Junta de Acción Comunal del Tambo (Cauca), representante de los campesinos y líder del proceso de reparación colectiva de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), cuya organización a la fecha ha perdido más de 90 directivos nacionales y regionales quienes han sido asesinados. Su nombre pasó casi desapercibido entre el quinto y último grupo de víctimas que viajó a La Habana.
De su historia se sabía poco. En noviembre del año pasado, cuando se conoció que hacía parte de la delegación, se dijo que era víctima de desplazamiento. Incluso, algunos medios reseñaron que su nombre aparecía en panfletos amenazantes distribuidos en la región.
Su presencia, y la de muchos de sus compañeros, se vio opacada por cuenta de la participación de la exsenadora Piedad Córdoba, quien reavivó una vieja disputa política por cuenta de su viaje a la isla en condición de víctima.
Pasaron casi dos meses para que el nombre de este campesino ocupara las primeras planas de la prensa nacional: este viernes, durante una rueda de prensa de las cinco delegaciones, se supo que casi 15 días después de que Liz Marín se reuniera con los delegados del Gobierno y las FARC en La Habana, su hijo Dayan Camilo Liz Potosi, de 17 años, fue asesinado en el Tambo (Cauca).
"Mi hijo murió el primero de enero del 2015, lastimosamente hasta ahora no hay un argumento claro de la Fiscalía que nos determine cuáles fueron los móviles, por eso exigimos una investigación de la Fiscalía", reveló .
Aunque es muy pronto para sacar conjeturas, Nilson Liz Marín solicitó a la Fiscalía realizar las investigaciones pertinentes al caso y establecer si la muerte de su hijo tiene algun vínculo con las constantes amenazas que recibe.
Según le contó a Semana.com, en 1997 y en el 2003 atentaron contra su vida. En el 2013 fue secuestrado junto a su esposa y tres compañeros más. "Nos llevaron a la montaña, nos quitaron las pertenencias, pero nos alcanzamos a volar", relató.
Por si fuera poco, luego de la muerte de Dayan, volvió a recibir mensajes intimidantes. "Tenemos otra amenaza contra unos dirigentes en el departamento y contra mí. El 28 de enero recibí un sufragio", dijo este hombre que hoy llora la muerte de su hijo.
Su historia no es la única. Al cierre de la cumbre de tres días en la que participaron los 60 delegados que viajaron a La Habana, los voceros reiteraron que fueron y son objeto de diferentes acciones violentas.
"Las víctimas y defensores de derechos humanos siguen siendo objeto de diferentes acciones violenta, ataques e intimidaciones. Particularmente en las cinco delegaciones que hemos asistido a La Habana se han presentado amenazas reiteradas y desplazamiento".
El panorama no es el más alentador. Según le contó el general Luis Herlindo Mendieta a Semana.com, durante estos tres días la Unidad Nacional de Protección y la Unidad Nacional de Víctimas tuvieron la oportunidad de encontrarse con aquellos delegados que han sido objeto de amenazas.
"De la UNP enviaron delegados y atendieron 14 víctimas de las que están aquí y que están siendo amenazadas. El número es bastante considerable. (...) la gran mayoría de ellos trabajan en sectores rurales donde realmente se siente la intensidad del conflicto", manifestó.
Nora Eliz, hace parte de la Mesa Nacional de Víctimas y viajó como representante de la comunidad LGBTI. "Antes de ir a Cuba tenía amenazas, pero cuando llegué se incrementaron. Tengo protección de la UNP, pero con las nuevas amenazas ni la Fiscalía ni la Unidad de Protección han hecho nada".
Según dijo el director de Naciones Unidas en Colombia, Fabrizio Hochschild, "muchas de esas víctimas viven en regiones donde el régimen de la ley es muy débil y los actores oscuros actúan con un alto grado de impunidad. Tenemos una excelente cooperación de la UNP y la Policía, pero lo más necesario es pescar a los responsables, aquellos que siguen generando actos de terror".
Esas amenazas provienen, según Hochschlid, de bandas criminales o de los llamados 'grupos posmovilización' que se crearon a partir de antiguas estructuras paramilitares desmovilizadas en el 2006, durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe.
"Si estamos hablando de personas que ya han sufrido tanto ¿por qué hay un enfoque en ellos?... porque hablan para la paz", dijo el rpresentante de la ONU.
En el comunicado de diez puntos, el grupo no sólo le exigió a la Fiscalía que esclarezca las constantes amenazas que recaen sobre las víctimas del conflicto y defensores de derechos humanos, sino también le solicitaron al Gobierno que concrete la salida negociada al conflicto armado, por lo que insistieron en la necesidad de superar la fase exploratoria de los diálogos con el ELN para consolidar la negociación efectiva de la violencia.
Justicia y paz
21 de Febrero de 2015
por ANTONIO CABALLERO
Así se terminan todas las guerras: por una decisión política, cualesquiera que hayan sido sus causas y desarrollos. Y esa decisión política es siempre, bajo distintos nombres, una amnistía general.
Dice el expresidente César Gaviria en el remate de su propuesta de justicia transicional para todos los que han tenido participación en la guerra: “La paz que buscamos es una decisión política colectiva”. Y en esa frase, que parece de cajón, se esconden media docena de problemas: “paz”, “buscamos”, “decisión”, “política”, y “colectiva”.
“Paz”. No todos entienden de igual modo la palabra. Para unos –los llamados “enemigos de la paz”, que se llaman a sí mismos partidarios de una “paz sin impunidad”– la paz consiste en la desaparición de las guerrillas sin dejar rastro y en el mantenimiento de todo lo demás tal como está: es decir, dejando intactas las causas del surgimiento de las guerrillas. Para otros, la paz es la ocasión de empezar a eliminar esas causas, en lugar de seguirlas ignorando. Para otros más –los más pragmáticos–, la paz se resume en la famosa frase desengañada de Lampedusa: “Que todo cambie para que todo siga igual”.
“Buscamos”. No todos caben en ese plural. No caben ni quienes quieren la perpetuación de la guerra, que les acomoda y los beneficia; ni los que aspiran a una paz de otra índole: la también famosa “paz de los sepulcros” que viene de la aniquilación del enemigo; ni quienes no quieren entender por qué hay una guerra, y por qué persiste a pesar de haber usado para ganarla todos los recursos posibles, desde las motosierras hasta las bombas inteligentes.
“Decisión” (de buscar la paz). Es lo que ha faltado siempre. Le faltó al propio Gaviria cuando, siendo presidente y en el día mismo de las elecciones para la Constituyente, rompió el proceso de paz bombardeando el campamento central de las FARC en la Casa Verde, sobre el cañón del río Duda. No ha habido hasta ahora sino decisiones a medias, vacilaciones, dudas. Se han salido siempre con la suya los partidarios de continuar la guerra –militares, políticos, ganaderos, empresarios: los mismos que Gaviria propone como candidatos a la justicia transicional. Ha ganado siempre la fuerza de la inercia.
“Decisión política”. Entendiendo, claro, la palabra “política” en su sentido amplio y serio, y no en el estrecho, mezquino, mecánico de politiquería, que es el único que tiene curso en Colombia. Entendiéndola como el ordenamiento de la sociedad y del Estado.
“Decisión colectiva”. No todos quieren formar parte de la misma colectividad, y la del uribismo es excluyente ante quienes considera sus enemigos. Estos no son las guerrillas, que no constituyen una amenaza directa para el control del poder, sino el santismo, que ya está instalado en él.
Pero pese a todos los problemas que plantea su propuesta, tiene razón César Gaviria. Así se terminan todas las guerras: por una decisión política, cualesquiera que hayan sido sus causas y desarrollos (sobre los cuales acaba de aparecer una enésima versión a cargo de la Comisión Histórica, compuesta a su vez por doce versiones discrepantes). Y esa decisión política es siempre, bajo distintos nombres, la misma: una amnistía general que cubre a todos los participantes, directos o indirectos, de todos los bandos. “Miles de miembros –dice Gaviria– de la sociedad civil, empresarios, políticos, miembros de la rama judicial…”.
La idea levanta protestas. No solo de índole política, lo cual es natural, y están ahí para ser discutidas, sino también jurídica. Desde la firma del Estatuto de Roma –Colombia lo ratificó en 2002, con siete años de gracia acordados por el presidente saliente Andrés Pastrana y el entrante Álvaro Uribe, lapso que consideraron suficiente para acabar con las guerrillas poniéndose al abrigo de persecuciones jurídicas por crímenes de guerra–, el ‘borrón y cuenta nueva’ no es ya internacionalmente aceptable. No hay que tomar en serio tales alegatos jurídicos cuando vienen de los mismos que aplaudieron al presidente Uribe cuando, por ejemplo, este perdonó por sí y ante sí los crímenes atroces de Karina, la feroz guerrillera de las FARC, y la nombró gestora de paz. El propio Gaviria señala que nadie ha protestado por el “indulto automático” otorgado a los miles de guerrilleros y paramilitares que se han desmovilizado en los gobiernos de Uribe y de Santos, “en plena vigencia del Estatuto de Roma”. Pero tienen mayor peso las críticas en boca de un jurista como César Rodríguez Garavito, uno de los fundadores de Dejusticia (Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad), quien afirma que la propuesta del expresidente equivale a una “autoamnistía colectiva”.
Sí, lo es. Y es, repito, la salida inevitable que tienen todas las guerras. Porque se amnistía todo lo que, por demasiado culpable, no se puede absolver, y por demasiado colectivo no se puede resolver castigándolo. Eso no es justicia, por supuesto. Pero permite alcanzar la paz.
http://www.semana.com/opinion/articulo/antonio-caballero-justicia-paz/418588-3
Gobierno debería ser recíproco y ayudar a desescalar el conflicto: ONU
22 de Febrero de 2015
Dos meses ha cumplido la tregua unilateral de las Farc, además del no reclutamiento de menores.
Caracol Radio | 22 de Febrero de 2015
Diferentes organizaciones e incluso el Gobierno Nacional ha reconocido el cumplimiento por parte de las Farc del cese unilateral al fuego que ya cumplió dos meses.
Se suma el anuncio reciente de acabar con el reclutamiento de menores de 17 años, por lo que desde Naciones Unidas le recomendaron al Gobierno considerar alternativas, para avanzar en el desescalamiento del conflicto.
Así lo dijo el representante de la ONU en Colombia, Fabrizio Hochschild, quien manifestó que “es claro que las Farc han tomado varias medidas y hay una expectativa, para animar más medidas, debe también la otra parte buscar la manera de tomar medidas recíprocas”.
Asegura que se trata de “tener un impacto en reducir la intensidad del conflicto y reducir el sufrimiento de civiles en medio de la guerra”.
Desde el punto de vista de las Naciones Unidas, si bien reconocen que la iniciativa deberá ser por los negociadores en La Habana, les pide política y estratégicamente pensar en las víctimas del conflicto.
Ante el propio Hochschild comunidades vulnerables del país han expresado la necesidad urgente de implementar medidas para reducir la intensidad del conflicto armado en el país.
La ONG que quería acumular baldíos
Cuando reventó el escándalo de los baldíos hace dos años, salieron a la luz pública las acumulaciones irregulares de antiguos baldíos de varias empresas. Resulta que no solo compañías agroindustriales como Riopaila y Cargill recurrieron a argucias jurídicas para brincarse la ley, sino también una ONG ambientalista.
ProAves de Colombia -una fundación sin ánimo de lucro dedicada al cuidado de las aves- habría recurrido a las mismas argucias, según concluye una investigación que acaba de terminar la Contraloría sobre las tierras en el municipio de Mapiripán (Meta), en plena Altillanura.
Según la Contraloría, ProAves -una ONG que nació en 1998 para conservar el loro orejiamarillo- compró nueve predios en Mapiripán, que suman 1.591 hectáreas, para fundar una reserva natural llamada El Jaguar.
Al revisar los certificados de tradición y libertad de esas tierras, la Contraloría encontró que esas tierras ni siquiera habían sido adjudicadas a campesinos sin tierra y que, por lo tanto, las compraventas se hicieron con personas que las ocupaban pero que no tenían títulos, y que quedaban comprometidos, bajo riesgo de que se anulara la transacción, a hacer “la solicitud de inclusión de datos del predio” ante el Comité Municipal de Justicia Transicional (creado para monitorear las compraventas de tierra en zonas con alto despojo y desplazamiento).
Eso significa que seguían siendo baldíos destinados a la reforma agraria, un modus operandi muy similar al que -como documentó La Silla- intentó usar la empresa italoespañola Poligrow (que también sale en el informe) en la Hacienda Santa Ana de 70 mil hectáreas, en la misma Mapiripán.
ProAves le dijo a La Silla que en noviembre respondió a los requerimientos de información de la Contraloría y que está esperando el momento para defenderse. Además resaltó que "es una zona abandonada por el Estado y la población no cuenta con recursos en educación" donde "la Fundación adelanta un trabajo sin ánimo de lucro ayudando a la comunidad con proyectos de educación ambiental y conservación del ecosistema."
Vea el informe de la Contraloría aquí:
http://lasillavacia.com/queridodiario/la-ong-que-queria-acumular-baldios-49629
Fumigaciones aéreas indiscriminadas con glifosato en Tarazá, Antioquia
Asociación Campesina del Bajo Cauca Antioqueño / Lunes 23 de febrero de 2015
Desde del año 2008 los campesinos del Bajo Cauca se han visto abocados a realizar varios paros agrarios por las fumigaciones indiscriminadas con glifosato por parte de la Policía Nacional de Antinarcóticos a los cultivos de coca, en las protestas realizadas por los campesinos estos acordaron con el Gobierno Nacional la no aspersión área, lo cual la institucionalidad viene incumpliendo en el tiempo.
Mientras tanto en los diálogos de La Habana entre el Gobierno y la guerrilla de la FARC se produjo un documento borrador conjunto titulado “Solución al problema de las Drogas ilícitas”, cuyo escrito en el numeral "4.1.3.2 Acuerdos con las comunidade" dice: “Un fundamento indiscutible de la solución definitiva al problema de los cultivos de uso ilícito se encuentra en el carácter voluntario y concertado y, por lo tanto, en la manifiesta voluntad de las comunidades de transitar caminos alternativos a los cultivos de uso ilícito, y compromiso del gobierno de generar y garantizar condiciones dignas de vida y de trabajo para el bienestar y buen vivir. Con el fin de formalizar ese campesinos y la decisión de sustituir los cultivos de uso ilícito, se celebraran acuerdos entre las comunidades, el gobierno Nacional y las entidades territoriales, previo a la puesta en marcha un Programa en un territorio.”
Igualmente en el pliego de exigencias de la Cumbre Agraria, en el punto 4 numeral 2 se exige un “programa de sustitución de cultivos social, gradual, concertada, estructural y ambiental de hoja de coca, marihuana y amapola que supere la puesta en marcha de programas de erradicación violenta y aspersión con glifosato que atenta contra la vida digna de las comunidades indígenas, afro descendientes y campesinos…”. Por lo tanto a continuación denunciamos los siguientes sucesos que vienen acaeciendo en nuestro municipio:
Según información de las comunidades el 16 febrero del año en curso fueron fumigados varios cultivos de coca por la Policía Nacional Antinarcóticos en algunas veredas del municipio de Tarazá, caso que se dio en las siguientes veredas: Dos Canóas, La Linda, Quinterón, Estrella y en la vereda Urales, en esta última fueron afectados unos cultivos de Cacao.
Es preocupante este hecho, ya que no solo se está afectando los cultivos de coca sino el ecosistema y cultivos lícitos. Es de reiterar que el Gobierno Nacional en varias ocasiones ha adquirido compromisos con los campesinos de no realizar aspersión áreas, lo que no ha cumplido.
Exigimos al Gobierno Nacional en cabeza del Señor Presidente Juan Manuel Santo Calderón, al Ministro Del Interior Juan Fernando Cristo, a cumplir lo acordado con los campesinos del municipio de Tarazá y al Ministro del Medio Ambiente, Gabriel Vallejo López, verificar los daños colaterales al ecosistema, lo mismo a CORANTIOQUIA, Defensoría del Pueblo y la ONU.
Inminente desalojo de campesinos por presión de la petrolera la OXY
24 Febrero 2015
El 26 y 27 de febrero la Inspección de Policía de Arauca intentará sacar a la fuerza a 40 familias que ocupan sus tierras despojadas por la multinacional petrolera OXY hace más de 20 años. Amenazas paramilitares, resistencia campesina e indígena.
Ya se cumplen 16 meses de asentamiento por parte de 40 familias que insisten en recuperar sus tierras a pesar del asedio de las fuerzas de seguridad de la petrolera, la policía y el ejército.
Un nuevo hecho que generó zozobra en esta comunidad fue la aparición de un letrero alusivo al grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia -AUC- dentro de los terrenos retomados por los labriegos, que queda ubicado dentro del complejo petrolero de Caño Limón de control de la OXY, área completamente militarizada y monitoreada permanentemente a través de dispositivos electrónicos.
La confrontación, también en la Justicia
En las instancias legales la OXY ha intentado utilizar sus influencias para buscar desalojar los campesinos sin cumplir lo dictaminado por el Tribunal Superior de Cundinamarca, que en el año 2011 falló una tutela a favor de los campesinos despojados y desplazados ordenando al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -Incoder- restablecer sus derechos y cumplir con la reubicación de las familias.
En una audiencia donde se pretendía sacar a los campesinos de sus tierras, una funcionaria de la OXY fungía como secretaria del Inspector Municipal de Arauquita; en esa oportunidad los campesinos ganaron una batalla que les permitió permanecer en el lugar.
Ahora nuevamente la OXY intenta desalojar a los campesinos, esta vez acudiendo a la Inspección de Policía de Arauca, para lograr sus pretensiones sin hacer el menor esfuerzo para que los campesinos pueden recuperar lo que les pertenece.
Hasta el año 2014 los campesinos continuaban pagando los impuestos de sus tierras a la administración municipal de Arauquita, a pesar que hace 20 años no pueden cultivar las mismas.
De igual manera, los indígenas del departamento de Arauca agotaron los mecanismos legales. Mediante una acción popular buscaron proteger lo que aún queda de la laguna del Lipa, que está siendo intervenida por el proyecto petrolero Chipirón que se desarrolla en los esteros de Lipa mediante una plataforma de rieles e isla artificial que afecta el ecosistema.
Los dirigentes comunales interpusieron una denuncia penal contra la corporación transnacional OXY y Corporinoquia por los daños ambientales que la explotación petrolera ha generado en Arauca, denuncia que no tenido mayores avances por parte del ente investigador.
La explotación petrolera en el departamento de Arauca ha dejado una grave crisis social, ambiental y humanitaria que constantemente ha sido denunciada y es motivo de movilización social para exigir condiciones de vida digna. Los habitantes de esta región ven como sus recursos se van por el oleoducto mientras el hambre, la pobreza y la desigualdad se quedan en sus tierras.
El periódico Trochando Sin Fronteras (http://www.trochandosinfronteras.info), de las organizaciones sociales del Centro Oriente de Colombia, elaboró un video que documenta la situación de los campesinos desplazados y la presencia de la fuerza pública en la región:
El Acuerdo 300 de 2015: facultades para el despilfarro en Medellín
3 de Marzo de 2015
Acuerdo 300 del Concejo de Medellin: Un Cheque en Blanco para el Alcalde
Con recinto lleno, el Concejo de Medellín le da último debate al proyecto de acuerdo 300
La violencia que silenció a Silvia Duzán en la masacre de Cimitarra
4 de marzo de 2015
Hace 25 años, mientras la ATCC ganaba el premio Nobel Alternativo de Paz, en Santander los tildaban de ser colaboradores de la guerrilla. Su resistencia pacífica fue su sentencia de muerte.
Por: Catalina González Navarro
Foto: Silvia Duzán, Salomón Kalmanovitz y María Jimena Duzán
Archivo, Óscar Pérez y Andrés Torres
En 1966, la guerrilla de las Farc llegó a la región del Carare porque sus condiciones geográficas hacían de esta región de Santander un lugar ideal para refugiarse. Nueve años después, en 1975, se fortaleció la fuerza pública en la zona, a través del Batallón Rafael Reyes. Por la misma época llegaron los paramilitares. En medio de ese fuego cruzado vivía la población civil. Hasta que, cansada de ser víctima de unos y otros, optó por la resistencia pacífica. Así surgió la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC).
La idea nació en 1987 por la union de 36 juntas de acción comunal y 14 organizaciones de base. Inicialmente la secundaron 650 socios y, con el correr de los días, gracias al apoyo de los campesinos, se logró el reconocimiento de su independencia. Nunca necesitaron de politicos tradicionales y, por el contrario, ese mismo año lograron que el INCORA les concediera un crédito para resolver problemas de transporte fluvial e instalar una tienda comunal.
No obstante, como lo documento el grupo de Memoria Histórica, desde el mismo momento en que la ATCC empezó a tener influencia entre los pobladores de la region del Carare, se advirtió una estigmatización en su contra. A sus principales promotores los señalaron de ser aliados de la guerrilla. De hecho, en la región circuló un panfleto en el que los señalaban de promover la desmilitarización de la región y así reanudar la ola de secuestros.
La Asociación respondió a los señalamientos defendiendo la legalidad de su trabajo y refrendando su vocación pública de rechazo a cualquier tipo de violencia. Fue esta persistencia por la paz la que interesó al canal 4 de Londres (Inglaterra), cuyos directivos decidieron realizar un documental para mostrarle al mundo lo que sucedía en Colombia, donde en medio de la violencia generalizada, una comunidad había declarado su absoluta neutralidad.
De esta manera, en canal 4 de Londres contactó a la periodista María Jimena Duzán, quien para la época trabajaba en El Espectador, para que fuera ella quien dirigiera el documental y contara esa historia de Resistencia pacífica. Sin embargo, ella tenía copado su tiempo y decidió recurrir a su hermana Silvia, también periodista para que se encargara de ese trabajo en la zona del Magdalena Medio, region que ambas conocían por su labor profesional.
Además, el periodismo corría por las venas de Silvia Duzán. Lo mismo que su hermana María Jimena, lo habían heredado de su padre Lucio Duzán, quien por muchos años fue columnista del periódico El Espectador. Hoy María Jimena –columnista de la revista Semana- recuerda que todos los sábados, su padre las llevaba a ambas a la sede del diario en Bogotá, y mientras él entregaba su texto y conversaba con su amigo Guillermo Cano, ellas se encantaban con la rotativa.
Sin embargo, en aquella época Silvia Duzán no estaba del todo convencida de dedicar su vida a las noticias. Por eso decidió estudiar economía. En el camino se impuso el destino y terminó siendo parte del grupo fundador de la revista Semana en 1982. Allí comenzó a trabajar con un equipo de periodistas que hizo historia y fue también en ese escenario donde conoció a Salomón Kalmanovitz, con quien empezó a salir en 1983 y contrajo matrimonio en 1988.
Para ese momento ya Colombia era otra y el narcotráfico causaba estragos en su tejido social. Quizás por eso, Silvia anhelaba entrevistar a un sicario y entender su forma de vivir y actuar. Entonces se fue a Medellín y, con la ayuda de Alonso Salazar, logró quedarse durante ocho meses y cumplir su expectativa profesional: no solo entrevistó a uno de los sicarios que causaban daño y dolor en la ciudad, sino que entendió a fondo por qué habían surgido en Colombia.
En esos días en los que Silvia rebuscaba información en la capital antioqueña, le llegó la propuesta del documental en el Magdalena Medio. Así que viajó a Santander y como ya era su talante, se dejó llevar por la historia. “Desde el primer día que fue se emocionó mucho y se dio cuenta que eran hombres valientes de quienes se podían decir cosas increíbles. Por ejemplo, filmó bombardeos contra la población civil, en Yondo”, recuerda hoy su hermana María Jimena. (Vea: Así recuerdan a Silvia Duzán luego de su asesinato hace 25 años)
No necesitó mucho tiempo para conocer a profundidad el trabajo de Josué Vargas, presidente de la ATCC, de Miguel Ángel Barajas, vicepresidente, y de Saúl Castañeda, otro de los integrantes de la asociación. Con ellos se reunió varias veces, escuhó su testimonio de vida y constató que su acción era clave para el país en momentos en que los grupos armados ilegales de izquierda y derecha polarizaban a la sociedad, en medio de las omisiones del Estado.
El 26 de febrero de 1990 era un día clave para finiquitar el documental. Por eso, en su agenda de trabajo, Silvia tenía el compromiso de viajar a Cimitarra (Santander). Esa mañana, su esposo Salomón Kalmanovitz la llevó al aeropuerto El Dorado, pero ella perdió el vuelo. En vez de aplazar el viaje, por la importancia de ese último encuentro con los líderes de la ATCC, decidió viajar por carretera. Después de una agotadora jornada, ya en horas de la noche llegó a la terminal de transportes del pueblo.
Josué Vargas y Saúl Castañeda la recibieron personalmente. En su libro ‘Mi viaje al infierno’, escrito por María Jimena Duzán, quedó escrito que ese viernes 26 de febrero, cuando el reloj marcaba las nueve y treinta de la noche, su hermana Silvia y tres de los líderes de la ATCC entraron al bar restaurante La Tata, donde solía compartir la gente del común en Cimitarra. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que dos hombres hicieran presencia en el lugar para acribillarlos a bala.
Josué Vargas, Saúl Castañeda y Miguel Ángel Barajas murieron en el sitio de los hechos. La periodista bogotana alcanzó a ser trasladada a un centro médico, donde ocurrió su deceso. En contraste, los asesinos huyeron tranquilamente del lugar, pasaron por el frente del batallón Rafael Reyes y se perdieron en la oscuridad sin que nadie los molestara. Solo tiempo después las autoridades llegaron al restaurante, pero ya los testigos se habían ido a refugiarse a sus casas pues en el pueblo predominaba la ley del silencio.
Al día siguiente, aún nadie sabe por qué, los cuatro cadáveres aparecieron en el batallón Rafael Reyes. Allí tuvieron que irlos a reclamar Salomón Kalmanovitz y Carlos Ángulo, un primo de Silvia. “Fue un momento muy duro. Comprar las sábanas, amortajar el cuerpo, escuchar los comentarios ofensivos de los militares, oírlos decir que lo mejor era que María Jimena Duzán ni se asomara por la región”, recuerda Kalmanovitz, quien no necesitó mucho tiempo para entender la impunidad que los esperaba.
A esas mismas horas, María Jimena Duzán estaba en Estados Unidos. Paradójicamente había viajado el día anterior para huir de las amenazas que entonces recibía. Su hermano menor fue el encargado de contarle la noticia. Inmediatamente regresó a Colombia. Después de las honras fúnebres de su hermana viajó a Europa y estuvo fuera del país durante tres años. Un tiempo suficiente para decidir que, así la justicia no lo hiciera, ella algún día se encargaría de investigar lo que había sucedido.
Lo único doloroso es que esa espera duró 20 años. Por mucho tiempo, ni siquiera en familia se hablaba del tema. Pero un día de 2010 entendió que había llegado el momento y todo lo que tenía que decir sobre Silvia para que lo supieran sus hijas y su familia, su pasión por el periodismo y por la vida, o su trabajo en Cimitarra buscando la verdad, quedó consignado en su obra “Mi viaje al infierno”. En ese texto también dejó su conclusión personal: fue un crimen impune realizado por el paramilitarismo.
Después de ese triste 26 de febrero de 1990, las familias de Josué Vargas, Saúl Castañeda y Miguel Ángel Barajas tuvieron que abandonar la región del Magdalena Medio para salvaguardarse. Perdieron sus tierras, su ganado y su exilio forzoso quedó como evidencia que una época en la que el paramilitarismo era ley. Sin embargo, por su trabajo por la lucha de la tierra y de la vida, ese mismo 1990, la Asociación de Campesinos del Carare fue galardonada con el Premio Nobel Alternativo de Paz.
Su reconocimiento no se detuvo ahí. Cinco años más tarde, en el año 1995, recibieron también el galardón “Nosotros el pueblo, 50 comunidades” otorgado por las Naciones Unidas en Nueva York. El mundo reconoció su acto de valor, de paz y de heroísmo, pero en Colombia su sacrificio y el de la periodista Silvia Duzán, se fueron perdiendo en los vericuetos de la mala memoria. Tampoco la justicia hizo mucho. Si acaso, un juzgado de instrucción criminal recogió testimonios y ratificó la hipótesis del paramilitarismo.
Hoy, 25 años después de estos hechos, el grupo de Memoria Histórica plantea otra conclusión: “El paramilitarismo se movía en Cimitarra con un ala militar y otra política”. De esa nefasta alianza salieron los asesinos de Silvia Duzán y los líderes de la ATCC. La abogada Omaira Gómez lleva años rastreando documentos en decenas de despachos. Cuando encontró el expediente, se estaba enmoheciendo en una bodega de Bucaramanga. A pesar de sus omisiones y yerros, al menos permitió que en la actualidad el caso sea motivo de investigación y análisis en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.